El informe de la junta de 22 peritos que determinó que el equipo médico de Diego Armando Maradona fue «temerario» en la atención de sus pluripatologías e «indiferente» ante la posibilidad cierta de su muerte, será el fundamento clave a partir del cual los fiscales agravarán la acusación a un «homicidio con dolo eventual».
Cuatro fuentes judiciales consultadas por Télam consideraron que las 70 páginas del informe complican la situación de los imputados, en especial la del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes tomaban las decisiones sobre la salud de Maradona.
«Las conclusiones de la junta son lapidarias y serán el sostén de la hipótesis del dolo eventual en la que ya se estaba trabajando», dijo a Télam uno de los investigadores judiciales.
La diferencia radica en que hasta ahora los siete imputados habían sido notificados que se los investigaba por un «homicidio culposo», delito que prevé una pena excarcelable de 1 a 5 años de prisión, pero el «homicidio simple con dolo eventual» se castiga con prisión de 8 a 25 años, lo que incluso podría derivar en pedidos de detención para algunos de los acusados.
Si bien ya trascendió el viernes, el informe recién se presentará de manera formal el lunes a las 12 en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, en la calle Acassuso 476 de esa localidad del norte del conurbano.
El jefe del cuerpo médico de San Isidro, Federico Corasaniti, quien encabezó la autopsia del «10» y actuó como coordinador de la junta, será junto a otros peritos oficiales quien entregará en mano el reporte firmado ante el equipo de fiscales que lleva adelante la investigación.
Allí, además fueron convocadas las partes para que firmen en conformidad o presenten sus disidencias, razón por la cual el viernes se les envió una copia a cada uno de los 11 peritos de parte.
Voceros judiciales anticiparon que la filtración del documento era investigada por los fiscales, quienes sospechan que fue una maniobra de alguna de las defensas para intentar algún planteo, ya que algunos abogados ya anunciaron que analizan pedir su nulidad por haber trascendido antes de su incorporación formal al expediente.
El equipo de investigadores coordinado por el fiscal general de San Isidro John Broyad, e integrado por sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, se tomará un par de semanas para analizar las conclusiones y en base a ellas formular la imputación para los llamados a indagatoria.
Los fiscales no solo tienen prácticamente decidido cambiar la carátula a «homicidio simple con dolo eventual», sino que además evalúa sumar nuevos imputados del entorno no médico de Maradona.
Los fiscales se preguntan por qué, pese a las alarmas, la complejidad de sus patologías y sabiendo que debía desintoxicarse de su adicción al alcohol, nadie internó a Maradona con los recaudos necesarios y si el rédito económico que generaba tener al «10» bajo la órbita del «aparato Maradona» manejado por el abogado Matías Morla -y del que formaban parte los médicos de cabecera-, tuvo alguna influencia en su desenlace.
Por ello es que Ferrari, Iribarren y Capra –los tres fiscales que firman la causa-, incluso ya pidieron copia y analizan expedientes paralelos como la sucesión de los bienes del exDT de Gimnasia y la causa por presunta «defraudación fraudulenta» iniciada por las hermanas Dalma y Gianinna Maradona contra el abogado Morla por el uso de las marcas vinculadas a su padre como «Maradona», «La Mano de Dios» y «El 10».
La junta médica concluyó que Diego Maradona agonizó 12 horas antes de morir a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, que «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales», que el operativo montado en la casa de del barrio San Andrés de Tigre no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica.
