Miguel Ángel Olmedo, de 64 años, falleció por coronavirus en de la localidad de Bosques, en Florencio Varela. Su familia responsabiliza a la empresa de seguridad privada MURATA S.A. por obligarlo a trabajar pese a estar dentro del grupo de riesgo. Tenía síndrome coronario e hipertensión.
Según contó su hija, Nilda, Olmedo se comunicó con recursos Humanos de la empresa para solicitar licencia. Le fue otorgada hasta el 13 de abril y al prolongarse la cuarentena, comenzó a ser hostigado por la empresa para volver a trabajar.
«Mi papá quería cumplir pese a que estaba a tres meses de jubilarse, pero tenía cierto temor porque a mi hermano ya lo habían despedido de la empresa», relató y añadió que pidió dos semanas de licencia médica y le dijeron que iba a ser sin goce de sueldo.
«Cuando volvió a trabajar lo castigaron cambiándolo de lugar: lo mandaron del Cementerio de Recoleta a la Villa 31. Lo obligaron a viajar más de 3 horas y a un lugar donde existe un mayor riesgo de contagio», afirmó Nilda y aseguró que el personal de MURATA no cuenta con los elementos de bioseguridad para trabajar.
Olmedo comenzó con los primeros síntomas el pasado 12 de mayo. Tenía agudos dolores en todo el cuerpo. Según relató Nidia, «el viernes 15 de mayo no aguantó más y mi mamá, ante la desesperación, sacó turno en el Centro de Salud del barrio Pepsi, donde le diagnosticaron neumonitis».
Solicitaron además un médico de la Obra Social, quien por protocolo ordenó el traslado a la Clínica Boedo. Cuatro días más tarde tuvo el resultado del hisopado el 19 de mayo que confirmó que era positivo de coronavirus.
La familia asegura además que Olmedo no recibió la atención adecuada en la Clínica Boedo y que habían reclamado su traslado a una clínica de alta complejidad y no se lo habían concedido. El hombre falleció en las primeras horas del día 28 de mayo. Ahora estudian tomar acciones legales en contra de la Clínica pero principalmente contra MURATA S.A., a quien consideran el principal responsable de la muerte.
Desde el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) emitieron un comunicado asegurando que se trató de una «actitud criminal», que no es nueva. «Ya en el comienzo de la pandemia, el 20 de marzo se realizó una medida de fuerza en la estación Retiro del Ferrocarril San Martín exigiendo el cumplimiento de protocolos de prevención y la entrega de insumos de protección. Lejos de escuchar los legítimos reclamos, a 7 trabajadores se les impidió el ingreso a sus puestos de trabajo en los días posteriores y se los amenazó con despidos».
«Es histórica la impunidad conque se maneja MURATA, elenco estable de todas las ganadoras de las licitaciones habidas y por haber dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Fuerte aportante en las campañas políticas de Mauricio Macri. Debido a la alta rotación de su personal, que puede pasar de un servicio a otro y de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia y viceversa, esto puede traer consecuencias impredecibles», dijo el comunicado.
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