Además de la causa por lavado de dinero por la que está detenido y procesado, Lázaro Báez es investigado como destinatario de un presunto plan del Gobierno K para enriquecerlo y direccionar la obra pública en Santa Cruz en su favor, ya que obtuvo la mayor parte de contratos viales en esa provincia. Además avanza una causa por la supuesta falta de pago y retención indebida de aportes previsionales a empleados de sus 16 empresas por 33 millones de pesos, desde 2010 a este año.
El empresario negó las acusaciones ante el juez de la causa, Ezequiel Berón de Estrada, y responsabilizó al gobierno de Cristina Kirchner por sus problemas financieros: habló del «exiguo presupuesto a cuentagota que otorgaba el Estado» y de la falta de pagos «que dependían de Planificación Federal», de acuerdo a Clarín. Además reiteró que tanto él como su familia son «víctimas» de una «descarnada persecución mediática, política y judicial».
Sus declaraciones judiciales contrastan con los multimillonarios contratos viales que recibió durante el kirchnerismo, U$S 2.200 millones, que según la denuncia de Vialidad Nacional, cobró con sobreprecios de hasta el 65 % promedio. Semejantes ingresos hicieron que el exzar de la obra pública K en Santa Cruz se hiciera de una fortuna de por lo menos $ 2.250 millones, según las tasaciones de propiedades que la Justicia hizo hasta el momento.
Austral Construcciones, la que fuera la empresa insignia de Báez, enfrenta un concurso de acreedores en el que aparecieron varias inconsistencias entre los activos declarados y los reales, como también en sus pasivos. De hecho, la Justicia sospecha que se retuvo información que debería haber sido entregada en otras causas.
El detenido empresario K argumentó que los problemas financieros de su conglomerado de empresas fueron causados por «factores externos» y dijo que las dificultades empezaron en 2010: «Ese año, por culpa del Estado Nacional, se atrasaron las firmas de los certificados de obra y consecuencia de ello, los pagos a las empresas. En este contexto se tuvo que salir a buscar financiamiento externo», indicó Báez a través de un escrito. Considerado el «zar de la obra pública» en Santa Cruz, Vialidad Nacional le otorgó durante el kirchnerismo el 78,4 % de los contratos a Báez, que se defendió a partir de las demoras en los pagos de partes del Estado.
«PAGOS A CUENTAGOTAS», EL ARGUMENTO DE BAÉZ POR LA EVASIÓN DE APORTES
«Dado el exiguo presupuesto que a cuentagotas otorgaba el Estado, en muchas oportunidades se tuvo que decidir priorizar las quincenas de los sueldos de los empleados a otras obligaciones, entre ellas, las cargas sociales, lo que motivó que no estuvieran en orden las cuentas en este sentido», indicó el patagónico. Desde Vialidad sostuvieron lo contrario, ya que aclararon que Báez era el único empresario al que el Gobierno K no le adeudaba nada al 10 de diciembre de 2015.
El año pasado, tras la salida de Cristina del poder, el empresario K había reclamado $ 400 millones por certificados de obra no pagados. Ahora declaró que «la virtual cesación de pagos fue provocada por la falta de ingresos que adrede se fueron frustrando» y que a esto se sumó «el pago de las cuotas de convenios de desvinculación de personal y los sueldos al personal que aún se encontraba en actividad».
Báez, que pidió entrar a la moratoria lanzada por el Gobierno, admitió que hubo problemas con algunos planes de pago al Estado pero dijo que se produjeron «por causas ajenas a la voluntad de las firmas, pues las denuncias masivas, los cortes en las contrataciones y los consecuentes embargos, impidieron continuar correctamente con las mencionadas regularizaciones».
El empresario aseguró que «desequilibrio» empezó hace dos años y que en muchos casos se ampliaba el plazo de ejecución de las obras debido a las redeterminaciones de precios por inflación, pero que igualmente no se cubrían los costos. «Debía afrontar esa pérdida con fondos y recursos propios», indicó Báez en su escrito.
En su documento apuntó contra el exministro K de Planificación Julio de Vido: «Había un cupo de pagos de 2012 a 2014, que dependía de Planificación. Al no pagarse este cupo, se perdió lo que se llama la ‘curva de la producción’, debiéndose acudir a préstamos bancarios, desfinanciación y consecuentemente la imposibilidad de afrontar determinados pagos, viéndonos obligados a abusar del recurso de acudir a las moratorias para ir afrontando el día a día y el funcionamiento de la empresa».
