La familia de Debora Pérez Volpin decidió iniciar acciones legales contra las autoridades del Sanatorio La Trinidad de Palermo por “encubrimiento” a los responsables del fallecimiento de la legisladora.
El abogado de la familia, Diego Pirota, pidió la indagatoria de Eduardo Cavallo y Roberto Martignano, también del médico Sebastián Alfredo Cecchhi Gallo, a quien acusa de esconder evidencia para la investigación.
Además solicitó indagar a la instrumentadora Miriam Frias y la jefa de instrumentadoras Claudia Balceda.
Para el letrado existen “pruebas suficientes que acreditan que el número de serie del equipo Fujinon EVE 200, aquel que autoridades y personal del Sanatorio entregaron a la justicia –en el marco del allanamiento llevado a cabo tres días después del fallecimiento – y aseguraron que fue el utilizado para el procedimiento endoscópico, fue intencionalmente erradicado”.
En un escrito presentado a la justicia, el abogado destacó la falta intencional de los registros cardíacos de la paciente.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 ya condenó al endoscopista Diego Bialolenkier a tres años de prisión condicional por el delito de homicidio culposo. Por su parte, a la anestesista Nélida Puente, la otra acusada, fue absuelta.
