Rachel Crandall, co-fundadora de la organización Transgénero Michigan, impulsó en 2009 la iniciativa de establecer el 31 de marzo como un Día para la Visibilidad Trans alrededor del mundo, frente a la necesidad de tomar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de esta comunidad. En el contexto actual, el acceso a la salud y al trabajo son derechos imperativos para las personas trans, quienes todavía son vulnerabilizadas, estigmatizadas, discriminadas y violentadas cotidianamente a causa de su identidad de género.
En este día, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofibia y el Racismo (INADI) ratifica el compromiso de trabajar por el acceso a todos los derechos para el colectivo trans, ya que a pesar de que Argentina se ubicó a la vanguardia en el mundo en el reconocimiento de esos derechos a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género 26.743, promulgada el 24 de mayo de 2012, aún persisten barreras discriminatorias para la accesibilidad real.
«Este año nuestro compromiso se acrecienta frente a los efectos del aislamiento social preventivo. Por eso establecimos diferentes líneas de acción como el reparto de alimentos, la inscripción en el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local y el asesoramiento en casos de desalojos», indicaron desde el organismo.
Acuerdo con el Banco Nación
Desde el INADI firmaron un acuerdo con el Banco Nación para el cumplimiento de la Ley Nacional 26.743 “Identidad de Género”.
De esta forma, la entidad bancaria accedió a incorporar una recomendación del INADI para que la sincronización de datos, respecto a la identidad de género de las personas sea con las bases de RENAPER, de esta forma cuando una persona trans cambia sus datos registrales se actualizan de forma automática y se evitan situaciones de discriminación.
También, cuando se levante la cuarentena por el Covid-19 se efectuara una reunión de trabajo para que se aplique el artículo 12 de la ley de identidad de género que incluye a las personas trans que aún no cambiaron sus datos registrales.
De acuerdo a un informe difundido por el Observatorio Nacional Mumalá, en los dos primeros meses del 2021 69 mujeres, travestis o trans, fueron asesinadas entre enero y febrero, con una muerte violenta cada 21 horas. Este tipo de violencia de raíz estructural engloba una cadena de violencias heteronormativas y patriarcales que arremeten contra la comunidad trans.
«En Latinoamérica ser trans se traduce en el difícil acceso al mercado laboral, la exclusión del sistema educativo y sanitario, el riesgo de sufrir acosos, la criminalización y persecución policial y el asesinato. Y a todo esto se le suma a una Ley de Educación Sexual Integral que no se hace cumplir en muchos colegios. Este es el escenario hostil en el que vivimos hoy, con una comunidad que se encuentra invisibilizada por la sociedad misma», sostuvieron desde la organización.
