El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, presentó el sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), una de las herramientas con las que el Gobierno busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir, uno de los ejes centrales del decreto que firmaría el presidente Mauricio Macri esta semana.
«Este es un país que se ha forjado en base a la inmigración. Lo que tenemos es que complementarlo para detectar a quienes tienen antecedentes delictivos o procesos penales que ya fueron echados de otros países», sostuvo el ministro del Interior, Obras y Servicios Públicos desde los jardines del edificio de Migraciones.
Acompañó a Frigerio en la rueda de prensa el director nacional de Migraciones, Horacio José García.
Sobre el nuevo sistema API, tal como anticipó ayer Télam, Frigerio explicó que se establecieron «convenios con las aerolíneas y las agencias marítimas (cruceros) para evitar que aquellos que tienen antecedentes ingresen al país y se pone en marcha a partir de mañana».
Acto seguido, el ministro Frigerio aclaró que hay unos doce millones de pasajeros por año y que en el 2016 se registraron 60.000 vuelos, a lo que hay que sumar los 900.000 pasajeros que llegan en los cruceros.
Lo que por ahora está fuera de este tipo de controles es el tráfico terrestre.
«La posibilidad de generar un API Terrestre es algo que en estos momentos tenemos en estudio», informó García.
«Esta base de datos junto con la I 24-7 (Información las 24 horas los siete días de la semana) nos permiten compartir información con la base on line de interpol y así obtener los perfiles de riesgo de cada pasajero. Saber, por ejemplo, si están vinculados a la trata, el tráfico, contrabando o narcotráfico», puntualizó el director de Migraciones.
El marco de la foto de la rueda de prensa, dispuestos en semicírculo detrás de ambos funcionarios y con sus nuevos uniformes, lo dieron una veintena de empleados de la Agencia, justamente del sector que se ocupa de recorrer los negocios para detectar si tienen contratados empleados que están de forma ilegal en el país.
Al ser consultado sobre las críticas a estas herramientas que llegaron desde la oposición y algunos países vecinos, como el caso de cónsul de Bolivia, por considerarlas «xénofobas» Frigerio fue terminante: «este es un país abierto a la inmigración de los hombres de bien, pero para los delincuentes no» y propuso a quienes critican que esperen a que esté «publicado el Decreto», para que puedan saber de qué se trata, ya que tildó de «poco serio» opinar sobre algo que «todavía no está».
Al mismo tiempo, informó que se están acelerando algunos tiempos para que, en vez de la semana próxima, el presidente Macri firme «el jueves o viernes de esta semana el decreto que está vinculado a la delincuencia», porque «nos da instrumentos para trabajar sobre los delincuentes».
Al ser consultados por Télam sobre cómo se implementará, si uno de los pasajeros en tránsito tuviera restricciones para ingresar al país, el mecanismo para devolverlo a su país de origen y quién se haría cargo de los costos, el director de Migraciones explicó: «si el alerta es roja, es decir que debe ser detenido, se hacen cargo las fuerza policiales (la Argentina y la del país que requiere la detención del pasajero) de llevar adelante el proceso. En los otros casos, las aerolíneas tienen que cumplir con una carga pública y nosotros vamos a explotar al máximo esa posibilidad», sostuvo García.
Esto implica que «la aerolínea que trajo al pasajero, sin haber constatado que pudiera ingresar al país, corra con los gastos y se ocupe de subirlo a otro avión para llevarlo de regreso a su país de origen», detalló el director de Migraciones.
