La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó procesada y embargada por 10.000 millones de pesos como supuesta integrante de una «asociación ilicita» que habría funcionado durante sus dos gobiernos y el de su fallecido marido, Néstor Kirchner, para la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Baéz.
En igual situación y con montos de embargos similares quedaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ya detenido y procesado ex secretario de Obra Pública, José López; el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Pierotti; el ex coordinador de la cartera de Planificación, Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner–, y el también detenido y procesado Báez.
En una extensísima resolución de 794 carillas, el juez federal Julián Ercolini consideró que los nombrados integraron «una asociación ilícita que habría funcionado al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015».
Para el magistrado «se habría verificado que los proceso licitatorios en cuestión fueron asignados a las empresas de Lázaro Báez por sumas mayores en promedio al 15 por ciento del presupuesto original».
Al ponderar el perjuicio que ello habría ocasionado al Estado, consideró que «el monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas al nombrado Báez asciende a las suma de 46.230.902.061,62 millones de pesos».
La resolución agrega que la asociación ilícita invocada habría estado «destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada» de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz.
Para el juez Ercolini, el montaje de esa asociación se habría iniciado con «la conversión formal de Báez, amigo de los nombrados Kirchner y Fernández, con el que establecieron numerosas operaciones comerciales, en empresario de la construcción», actividad a la que era ajeno antes del 2003.
«A tal fin, pocos días antes de que Néstor Carlos Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, el 8 de mayo de 2003, Báez, junto con dos socios -Guido Santiago Blondeau y Sergio Leonardo Gotti- formó la firma Austral Construcciones S.A», resume Ercolini.
«En pos de llevar adelante las maniobras del plan primigenio, el mentado ex presidente montó la estructura institucional de su gobierno con distintas personas de su confianza, quienes en su mayoría formaron parte de diferentes áreas gubernamentales de la provincia de Santa Cruz, a las que ubicó en cargos estratégicos. añadió.
«Dicha estructura fue mantenida por (la ex presidente Cristina) Fernández tras asumir la presidencia de la Nación con fecha 10 de diciembre de 2007».
La decisión de Ercolini recayó además sobre otros seis funcionarios indagados en la causa, a los que también les adjudicó cometer el delito de «administración fraudulenta agravada por cometerse en perjuicio de la administración pública» con diversos roles dentro de los «planes delictivos» investigados.
Se trata de los ex funcionarios de vialidad y provinciales Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Raúl Santibáñez, quienes fueron embargados por 2.500 millones de pesos cada uno.
«Se advierte un complejo entramado delictivo realizado en mas de una jurisdicción pero en donde cada uno de los intervinientes tuvo un rol concreto en razón del cargo en que fueron colocados», remarcó el fallo.
Todos los funcionarios públicos procesados «conocían el pacto que los unía», agregó el juez al fundamentar el procesamiento por el delito de asociación ilícita.
Para el juez, todos los nombrados «habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional» con el fin de «procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Antonio Báez».
El eje de la investigación giró en torno a una auditoria de las actuales autoridades de Vialidad Nacional y una anterior, del 2008, de la diputada Elisa Carrió sobre supuestas irregularidades en la concesión de tramos de la ruta nacional 3 y la ruta 9 de la provincia patagónica, luego unificadas a instancias de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques,
Según la denuncia de Vialidad, «de un total de ochenta y ocho obras llevadas acabo en esa jurisdicción en el período 2004-2015, cincuenta y dos obras se contrataron con empresas relacionadas con Báez que, recordemos, devino en empresario de la construcción en el año 2003», resaltó Ercolini en su fallo.
Durante ese período las obras se concentraron en un único grupo de empresas relacionadas con Báez: Austral Construcciones S.A., Kank y Costilla S.A. y «Sucesión Adelmo Biancalani», con un «constante incumplimiento de los plazos de obra, y una marcada desigualdad en el plazo de pagos con relación a otras empresas contratistas con esa dirección nacional», señala el fallo.
Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos ademas de toma de huellas dactilares.
Esta es la primera causa por delitos de corrupción en la que resulta procesada la ex Presidenta, quien ya va camino a juicio oral en la investigación por la venta de dólar futuro al final de su gobierno, a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
La decisión de Ercolini podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña y como en la causa hay detenidos -Báez y López- podría habilitarse la feria judicial de enero.
