La violencia simbólica contra las mujeres puede ser la más problemática. A veces es tan sutil que se vuelve invisible a los ojos de cualquier espectador, más cuando implica cuestionar tradiciones arraigadas en una población. Esa es la cruzada de Liliana Montero, una legisladora de Córdoba que presentó un proyecto de ley para eliminar los certámenes de belleza de toda la provincia. Ella quiere cambiarlos por concursos donde no se premie al estereotipo femenino sino a los logros intelectuales, deportivos y artísticos de las jóvenes.
«Si bien hemos avanzado mucho en la construcción de relaciones más igualitarias entre varones y mujeres, sabemos que persisten en las instituciones condiciones que refuerzan estereotipos, desigualdades y violencias de género», planteó Montero en los fundamentos del proyecto.
La propuesta pretende eliminar en toda Córdoba las tradicionales elecciones de reinas y princesas que se basan en estereotipos de la belleza femenina. La idea, que fue presentada el año pasado, parte de un debate más amplio respecto a cómo delinear políticas de género que incluyan y no estigmaticen a las mujeres.
Es que si bien muchas localidades terminaron con estos concursos por decisión propia, todavía hay algunas ciudades que se mantienen firmes en la tradición. Esta semana, Carnerillo, un pueblo del sur cordobés, decidió cancelar su certámen de «reinita» infantil en la Fiesta del Inmigrante, pero va a seguir manteniendo la elección de la «mayor», orientada a las adolescentes.
Montero pidió que los legisladores provinciales traten el tema para prohibir los «certámenes y concursos que promuevan criterios de selección basados en características físicas, sexo, edad, altura, peso, características étnicas o raciales, color de piel, cabello, ojos; medidas corporales de busto, cintura, cadera. Y cualquier otra característica física sostenida sobre criterios denigratorios para las mujeres o sobre estereotipos de género».
El proyecto apunta a transformar los eventos de selección de «reinas de belleza» en concursos de reconocimientos de logros intelectuales, deportivos, artísticos o por sus trabajos y compromisos comunitarios. En los fundamentos de su propuesta, Montero aclaró que el Estado tiene un rol principal a la hora de cambiar las bases culturales para lograr mayor igualdad de género.