La diputada nacional Fernanda Vallejos presentó este lunes un proyecto de ley para extender el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta marzo de 2021. La iniciativa que se suma a la presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun en la Cámara alta del Congreso.
El proyecto de Vallejos entró a la Cámara de Diputados con la premisa de que la vigencia del DNU 320/20, que finaliza el 30 de este mes, debe prorrogarse hasta el 31 de marzo de 2021. Entre los argumentos se señala el pedido de las entidades de inquilinos en tal sentido «por la imposibilidad de pagar el alquiler».
«Es fundamental y necesario extender por lo menos hasta el mes de marzo de 2021 dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan», estableció Vallejos.
«Cabe ser destacado que la emergencia producida por la pandemia, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento para una importante cantidad de locatarios y locatarias, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales, pequeños y medianos empresarios para hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos», señaló.
El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, destacó que «los niveles de incertidumbre y angustia son enormes» entre quienes podrían ser desalojados legalmente a fin de mes.
«Sabemos que el Gobierno nacional está trabajando en la extensión del decreto y en un plan de desendeudamiento», comentó Muñoz, y por lo mismo consideró necesario que se «comunique oficialmente» qué va a pasar con el tema «para frenar la presión de las inmobiliarias y los propietarios sobre los inquilinos».
«No pueden anunciar la extensión un día antes de que venza el decreto actual, si esperan hasta ese momento, ya miles de familias habrán sido echadas de forma violenta o económicamente de sus casas. Es más sencillo solucionar esto ahora, y no cuando ya estén en la calle», aseguró Muñoz.
De acuerdo con la Federación de Inquilinos, hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas y el 47,4% de los inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia.
De este segmento el 40,6% está endeudado, con lo que concertar un nuevo contrato de alquiler podría ser una odisea.
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