Después de la denuncia penal en su contra y una campaña de hostigamiento, los obstetras Cecilia Ousset y José Gijena –la pareja tucumana que le hizo una cesárea a una menor de once años que había sido víctima de una violación- difundieron una carta en la que hablaron de la «persecución» que enfrentan tras cumplir el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
En el texto, los médicos plantearon que con la intervención realizada «pusieron fin a la tortura de Lucía«. Además, aclararon que siguen atendiendo a sus pacientes con normalidad, a pesar de la acusación penal que impulsaron en su contra grupos anti abortistas, y desearon que «la persecución judicial pare lo antes posible».
«Para empezar queremos decirles que estamos muy bien nosotros y nuestros hijos. Ellos están felices en su nuevo colegio. Seguimos atendiendo en consultorio y en quirófano normalmente y como siempre«, comienza la carta difundida en las redes.
El 26 de febrero pasado, los médicos fueron convocados de urgencia en el hospital «Eva Perón«, de Tucumán, para llevar adelante una césarea a Lucía para aplicar el protocolo ILE previsto para los casos de violación.
Sin embargo, su intervención les valió una denuncia penal por «homicidio calificado», luego de que la bebé muriera días después tras su nacimiento prematuro.
Antes del procedimiento, la familia de la menor atacada sexualmente debió enfrentar las demoras del Estado provincial para que se ejecutara la práctica de aborto no punible. Una de las trabas fue la negativa del conjunto del personal del centro de salud, quienes se declararon como «objetores de conciencia».
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«No podemos negar la sorpresa y la conmoción ante la realidad de las niñas y adolescentes violadas y torturadas en nuestra provincia. Queremos que piensen solo en ellas y pongan su esfuerzo en frenar esa práctica perversa», continúa la carta en la que llaman a los tucumanos a «terminar con la naturalización de las violaciones y los embarazos forzados (especialmente en niñas)».
«Tucumán debe ser una provincia decente con infancias felices. Ese es el objetivo», sentencia la misiva. «Seguiremos en la lucha con firmeza y sobre todo tranquilidad«, relatan los médicos en el texto y agregan: «En cuanto conocimos la realidad de Lucía pusimos fin a su tortura. ¿Cuántas semanas hay que esperar para frenar un tormento? Para nosotros ni un solo día».
Todo comenzó cuando la nena de 11 años entró al sistema de salud de la provincia de Tucumán con un embarazo de 16 semanas producto de una violación por la que está detenido la pareja de su abuela. La niña contó su situación con una frase escalofriante: «Quiero que me saquen lo que me puso el viejo». Sus padres apoyaron el pedido de poner fin al embarazo.
A raíz de las dilaciones y la falta de asesoramiento que padeció la familia de la menor, la interrupción del embarazo prevista en la ley se demoró hasta la semana 24. En ese marco fue que Ousset y Gijena llevaron adelante una cirugía que, más tarde, fue denunciada.
Por haber intervenido en el caso, la pareja es blanco de amenazas e incluso se vieron forzados a cambiar a sus cuatro hijos de colegio, ya que la escuela donde asistían decidió no renovarles la matrícula.
La denuncia penal contra los ginecólogos fue radicada por los abogados María Teresa Mockevich, Viviana Matar, Luciana María Colombres, Jorge Javier Ramacciotti, Constanza Del Carril, Raúl Alfredo Lezana, Ángela Lorna Vittini, Ricardo Miguel Auad, con el patrocinio de Salvador María del Carril.
En una entrevista realizada por Infobae, los obstetras advirtieron que no solo practicaron el protocolo ILE por motivos legales, sino por la delicada salud de la menor. «Era más riesgoso continuar con el embarazo que hacer la cirugía. Si no interrumpíamos el embarazo esta nena se moría», señaló Cecilia Ousset.
