La ley 26.510 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y, en su primer artículo, establece que «todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada» desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. En su formulación es integral porque contempla una formación en relación a la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de métodos anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, la inclusión de temas como identidad de género, orientación sexual y la igualdad de trato y oportunidades para las mujeres.
Lo expuesto en los párrafos anteriores está escrito en la ley, a la que todos tienen acceso, pero ¿qué ocurre en la práctica?
Betiana Cáceres, ex Coordinadora del Programa de Jóvenes de la Fundación Huésped, dijo en diálogo con LA NACION: «La ley de educación sexual es integral, tiene un abordaje muy comprensivo de la sexualidad en todos los sentidos de la vida. Entonces, si aun el abordaje es con una mirada biologicista quiere decir que todavía hay mucho por hacer».
Paula Rey, vocera del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, opinó: «Si queremos vivir libres de violencias, niñas y niños deben recibir una crianza libre de estereotipos y es necesario llevar a las aulas la perspectiva de género y un enfoque de derechos».
La presidenta y fundadora de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, señaló la importancia de que en la escuela se reconstruyan los roles estereotipados de masculinidad y femineidad: «Los alumnos internalizan los estereotipos que deberían ser reubicados a través de la educación sexual. Por ejemplo, que los nenes no deben llorar y que las nenas no tienen que treparse a los árboles ni jugar a la pelota».
Cáceres enumeró conductas similares y opinó: «Los docentes pueden observar esas prácticas y tomar decisiones activas para reformular y resignificar los espacios y así permitir que todos y todas vivenciemos nuestras posibilidades y nuestros intereses libres».
Docentes y estudiantes reclaman el cumplimiento de la ley
De acuerdo con la mirada de Cáceres, que trabajó con jóvenes en la Fundación Huésped, la implementación de la educación sexual termina dependiendo de la buena voluntad de los docentes: «En el mejor de los casos, este docente puede ser la punta de lanza para generar un movimiento institucional y para que luego la escuela asuma la obligación de implementar la ley».
Florencia Cortelletti, docente y especialista en educación sexual, señaló: «Los contenidos tienen que ser transversales a todas las materias y en todos los niveles. Cuando un docente da matemática, por ejemplo, puede incluir estadísticas sobre violencia de género».
Lucas Grimson, integrante del Centro de Estudiantes del ILSE, recordó que en la primaria tuvo charlas separadas por sexo y limitadas al aspecto reproductivo de la sexualidad. Sin embargo, gracias a las exigencias de los estudiantes, este año incorporaron clases sobre los ejes de la ley: «Lograr la implementación no es lograr una charla ‘piola’ una vez al año, porque justamente es integral y debería atravesar a todas las materias en los programas oficiales de los colegios».
Quiénes son los responsables de la implementación y el control
La implementación de la ley requiere de la articulación entre múltiples actores: el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales y las instituciones educativas. «El rol del Estado es clave -afirmó Cáceres-. El ministerio de Educación de la Nación tiene un rol rector, pero también entran en juego las jurisdicciones, los gobiernos provinciales y municipales y después hay un margen de acción que tienen las autoridades de cada escuela. En estos diversos niveles de decisión es muy importante tanto el trabajo de abajo hacia arriba como el de arriba hacia abajo».
En su opinión, la principal falencia está en la falta de voluntad política. «Es importante que los gobiernos asuman las responsabilidades que les tocan y que los docentes, estudiantes, familias y todas las comunidades educativas demanden e impulsen que estos temas se trabajen para que mejore el alcance a las instituciones», opinó.
Para Bianco, desde la sanción de la ley «el ministerio no ejercitó su poder de orientador de la currícula escolar en los distintos niveles a través del Consejo Federal de Educación al no urgir y comprometer a las provincias a desarrollar la implementación de la ESI con vocación y decisión política».
Qué dice el Ministerio de Educación de la Nación
Según el área de comunicación del Ministerio, cada jurisdicción asume el compromiso de aplicar la ley. En 2014 y 2015 realizaron instancias de evaluación del dispositivo de capacitación y su impacto en la práctica institucional y monitorearon la ejecución de «los compromisos asumidos». Los datos obtenidos fueron los siguientes: «Modificación de las representaciones sociales de las y los docentes, alta valoración de los materiales de ESI, inclusión de los contenidos de ESI en la planificación y los proyectos institucionales en un 80%».
Sostuvieron que, en la práctica, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, a través del ministerio nacional, asiste financiera y técnicamente a las jurisdicciones para el cumplimiento de la ley. «El programa, además, traza las líneas rectoras para la implementación, como por ejemplo la producción y distribución de los materiales y la definición de los contenidos y los dispositivos para la capacitación continua presencial y virtual», añadieron.
Ante la consulta de LA NACION acerca de si en la actualidad existe una supervisión, sostuvieron que están trabajando en conjunto con UNICEF desde fines del año pasado «para crear un sistema de indicadores para el monitoreo y la evaluación de la gestión nacional y provincial así como para las instituciones educativas».
Revelaron que el presupuesto que se destinará al Programa Nacional de Educación Sexual Integral el año que viene es de aproximadamente 123.500.000 pesos.
