La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir realizó un «chaquetazo» frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) para exigir la nulidad de la causa y el sobreseimiento de la médica salteña, Miranda Ruiz, quien fue imputada el año pasado por haber realizado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a una mujer de 21 años, práctica contemplada en la legislación argentina.
«Ruiz es médica generalista en Tartagal, Salta, y grupos antiderechos, en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro», subrayó la organización que integra la dentro de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Talcahuano y Tucumán después de las 17, destacaron que el «aborto es claramente un problema de salud pública y justicia social y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la salud hacernos cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas».
Advirtieron que esos grupos «en complicidad con el poder judicial de la provincia, armaron una causa para disciplinar a quienes garantizamos el acceso al aborto seguro».
«Garantizar derechos no es delito», sostuvieron y alertaron que para «impedir el cumplimiento de la ley 27.610, disciplinar y desinformar, imputan a Miranda».
En diálogo con Télam, la médica generalista e integrante de la Red, Julieta Bazán, señaló que Ruiz «está realizando ahora sus actividades normalmente» y que luego de lo que le sucedió , «empezó recibir más casos» lo que demuestra que la ILE «es una demanda que esta invisibilizada en Salta».
«Estamos esperando la respuesta del pedido de nulidad de la causa», agregó.
Ante la prensa, observaron que «este hecho es un gravísimo atentado no sólo contra ella, sino también contra los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas y atenta contra las leyes vigentes».
Recordaron que el «hecho por la cual se la acusa se enmarca en la atención realizada desde el consultorio donde Miranda junto al equipo de salud, atendieron a una paciente que requirió una interrupción legal del embarazo».
«El hospital de Tartagal avala esta práctica y fomenta que sus profesionales brinden acceso a la misma», remarcaron y añadieron que continúan «luchando para que la ley de educación sexual integral se implemente en todas las instituciones educativas».
La denuncia a Miranda
La médica fue denunciada en Tartagal tras la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional.
El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia.
Junto con sus abogadas presentó una apelación, que se encuentra radicada en un tribunal de impugnación salteño“.
Adhirieron al «chaquetazo» la Federación Argentina Medicina General (FAMG), profesionales del Hospital Zonal de Esquel, Chubut, del Hospital Evita de la ciudad bonaerense de Lanús, Hospital Laura Bonaparte de CABA, Centros de salud 9, 10 y16 (CABA), el equipo de Salud Sexual del CIC Sanguinetti de Paso del Rey, y el equipo de adolescencia del Centro de Salud 32 de Salta, Centro De Salud Mauricio Casal de Rosario, entre otros.
