El tema volvió a quedar sobre el tapete cuando la modelo y activista Brenda Matos denunció hace dos semanas que no había conseguido una sola prenda de su talle durante una recorrida por un conocido shopping y reclamó poder “vestirse como se le antoja y no como pueda”.
Sharon Haywood, directora de Anybody Argentina, organización que trabaja por una sociedad que incluya la diversidad corporal, señaló a Télam que “las leyes no están funcionando”, a tal punto que “al 70% le cuesta encontrar ropa en su talles”, según datos de la última encuesta que realiza anualmente la entidad integrante de un movimiento internacional.
“Hoy hay 12 leyes provinciales y algunas municipales, y como todas son distintas, los fabricantes no pueden cumplir con una docena de normas al mismo tiempo. Cuando hablamos de una ley coherente nos referimos a una que aplique siempre, no importa donde vivas”, señaló Haywood, que desde Anybody Argentina desestimula la denuncia a los locales que no ofrecen variedad de talles por considerarla irrelevante.
El otro requisito de una normativa nacional es que sea “inclusiva” de todas las personas, porque muchas leyes provinciales hablan sólo de ropa femenina y otras, incluso, sólo de mujeres adolescentes, como la ley de la provincia de Buenos Aires.
“La ley de talles debe tener dos elementos: exigir un rango de entre 7 y 8 talles; y normalizar los talles para que un 44 -por ejemplo- tenga las mismas medidas en Buenos Aires, Río Negro o Catamarca”, dijo Haywood, que llevó su reclamo a la plataforma Change.org, donde la solicitud de una norma nacional ya recolectó más de 4 mil firmas.
El delegado del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en la provincia de Mendoza, Daniel Di Giuseppe, aseguró a Télam que el tema “está en la agenda de trabajo de este año” del organismo a nivel nacional.
“Hay leyes de talles en distintas provincias pero, como ocurre en Mendoza, en muchas no se están aplicando porque se requiere de una norma nacional que dé un marco regulatorio general”, dijo.
Argentina estuvo cerca de tener una Ley de Talles nacional en 2013, cuando el Senado le dio media sanción al proyecto presentado por la senadora Roxana Latorre.
La iniciativa, que perdió estado parlamentario en agosto pasado, buscaba “garantizar la existencia de una serie normalizada de talles correspondientes a las medidas corporales de la población” especificadas a partir del primer “estudio antropométrico” que debía actualizarse cada 10 años.
Desde 2014, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está realizando el primer estudio de este tipo en el país, para lo cual adquirió un escáner corporal 3D que está relevando las medidas corporales de hombres y mujeres de entre 12 y 65 años en diferentes regiones (ver recuadro), cuyos resultados permitirán elaborar un sistema de talles acorde con los cuerpos promedio.
Las provincias que ya cuentan con una Ley de Talles son Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz, además de la Ciudad de Buenos Aires, pero solo en cuatro distritos -el porteño, el bonaerense, el santafesino y el rionegrino-, la normativa ya fue reglamentada.
Pero las leyes difieren no sólo en cuanto a los consumidores cuyos derechos protegen, sino también en la cantidad de talles exigidos, en el sistema de normas que toman como referencia y en quién recaen las exigencias (comerciantes o fabricantes, o ambos).
El vocero del ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, Marcelo Barrios, aseguró a Télam que la norma aprobada en 2015 “no es una ley que esté vigente” en la provincia porque aún no fue reglamentada, tarea “por demás complicada” y que no tiene fecha cierta de realización.
En tanto, el jefe del Departamento de Comercialización de la Subsecretaría de Comercio de Chaco, Roberto Sartori, explicó que la ley del 2013 que obliga a los comercios a exhibir un mínimo de seis prendas que incluyan los talles 52/54 “es de muy difícil aplicación” porque los proveedores “no fabrican” esos tamaños debido a que no están obligados a hacerlo.
Una de las autoras de la ley sanjuanina, la diputada provincial Amanda Días, aseguró que la norma –que en este caso atañe a la fabricación y comercialización- tiene un cumplimiento “relativo” porque “sólo algunos comercios tienen tallas de las denominadas ‘especiales’” y los controles “no se realizan, salvo por alguna denuncia”.
En la provincia de Buenos Aires, “alrededor del 75% de los comercios no cumple” con la ley reglamentada en 2005, según la Fundación Mujeres en Igualdad, y la Defensoría del Pueblo local anunció que hará un relevamiento sobre el cumplimiento de la norma.
La reglamentación de la ley mendocina quedó supeditada al resultado del estudio antropométrico regional del INTI, que comenzó en esta provincia el relevamiento nacional y por eso será la primera en disponer de resultados.
