Johanna Piferrer estaba embarazada de ocho meses cuando se enteró de que su hijo había muerto en su panza. Había ido a un monitoreo y fue la ecógrafa la que le dio la noticia. De ahí en más vivió un infierno. Al dolor de la pérdida de su hijo Ciro se sumó la experiencia que sufrió en el Hospital Británico, donde había hecho todo el seguimiento de su embarazo. La llevaron a una sala de maternidad -donde escuchaba a otras madres parir y a los bebés llorar-, quisieron inducir un parto natural pese a su voluntad y estuvo 9 horas con su bebé sin vida en la panza.
Para la ley, Ciro no tenía derecho a un nombre y un apellido y podía ser enterrado como NN o ir a desechos patológicos. “Me lo querían entregar dentro de una caja azul, de las que se usan para archivar papeles en las oficinas, pero terminamos sacándolo con una cochería”, contó a minutouno.com.
Johanna es la primer mujer en nuestro país, y en Latinoamérica, que inició un juicio contra el hospital y la prepaga basado en violencia obstétrica en muerte perinatal (posterior a la semana 20 de embarazo).
TwitearEn la Argentina, la ley de Parto Humanizado se aprobó en 2004, pero las situaciones de violencia se siguen repitiendo a diario en las clínicas y hospitales. En 2017, la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (CONSAVIG) recibió 89 denuncias por violencia obstétrica. Entre las prácticas más denunciadas están el trato deshumanizado, falta de información, abuso de la medicalización y la patologización del proceso de parto. De éstas el 64% de los casos fueron en instituciones privadas.
«Me dijeron que me iban a inducir un parto todo el día y toda la noche y que si no había dilatación me hacían cesárea. Les dije no estaba ni en condiciones físicas ni psicológicas para afrontarlo. Me respondieron que como no era una urgencia la cesárea sería recién al otro día. Después de nueve horas, logramos que volviera el obstetra, que se estaba por ir de vacaciones. Pedí asistencia psicológica y me la dieron después de 48 horas. En el medio, tuve que decidir si íbamos a hacerle una autopsia a Ciro y si quería conocerlo”, recuerda Johanna.
Un plan de parto no respetado
En 2014, Agustina Petrella, embarazada de cinco meses de su segundo hijo, comenzó a indagar sobre su primer parto y llego a la conclusión de que había tenido una cesárea complicada porque su obstetra se la había inducido con una cápsula de prostaglandina, sin informarle ni consultarle. Buscó otro médico que le prometió que esperaría el tiempo necesario para que tuviera un parto fisiológico (natural o vaginal). Para asegurarse de tener el trato que deseaba envió una carta a la clínica y presentó un plan de parto como permitía la ley. Pedía que después del nacimiento colocaran a la beba sobre su pecho, que no le dieran leche de fórmula y que no la vacunaran en las primeras horas de vida. A los pocos días la llamo la coordinadora de Neonatología y le dijo: “Acá no hacemos parto humanizado, así que te recomiendo que te vayas a parir a otro lado».
Agustina estaba en la semana 39, a poco tiempo de parir, y no pudo encontrar ni otro médico, ni otro hospital. Cuando llegó a tener a su hija Milagros, por una cesárea programada, se encontró que no tenía habitación, la hicieron esperar varias horas y no paso la experiencia que había imaginado.“Cuando supieron que había pedido un parto respetado empeoro el trato. La cesárea fue un desastre, la neonatóloga me gritaba y me medicaron de más. No respetaron nada de lo que pedí. Me la entregaron vestida, bañada, pinchada y aspirada, hasta le habían dado leche de fórmula. La neonatóloga me dijo que iba a judicializar a la bebé y que no estaban para ‘cumplir los caprichos de los padres’”, contó.
El vacío legal
A pesar de la gran cantidad de casos y que nuestro país es pionero en materia legal sobre este tipo de casos, la violencia obstétrica no se puede denunciar penalmente porque no es un delito tipificado en el Código Penal. Vanina Panetta, la abogada de Johanna, explicó que tuvieron que iniciar un iniciar un juicio por daños y perjuicios y la demanda la basaron en violencia obstétrica,“está tipificada en la Ley de Protección Integral de la Mujer pero no existe un acción procesal que una mujer pueda hacer en contra de un hospital, un médico o prestador medicina privada”, dijo.
Una de las consecuencias de estos vacíos legales es por ejemplo que el obstetra que la atendió a Johanna va a testificar a favor del hospital.
Johanna cuenta que volvió a su casa y estuvo dos meses sin salir, “vestida de negro con ropa 5 talles más grande”. Durante ese tiempo logró escribir una carta al Ministerio de Justicia, que la derivó a la CONSAVIG, donde hizo la denuncia.“Recién hace un año y medio atrás encontré a una profesional que me contiene, que entendió que eso había sido violencia”, aseguró.
En diciembre de 2015 el Defensor del Pueblo de la Nación sacó una resolución sobre su caso de 11 hojas en la que pedía al Británico que los profesionales se capaciten y que den una habitación para las mujeres que pasan por esa problemática. El pasado 22 de febrero tuvieron una audiencia conciliatoria y como el hospital se niega a publicar una solicitada en los medios, como Johanna quiere para que se visibilice esta problemática, se está llevando a cabo el juicio.
Por su parte, Agustina decidió demandar a la neonatóloga, al obstetra, a la prepaga y a la clínica en la que nació su hija: “Tengo una abogada que es especialista en derecho a la salud. Estuve un año buscando abogados, ninguno quiso tomar el caso porque decían que no les parecía serio el tema”, contó y reveló que en la demanda cuenta que “estuvo presa y mi hija estuvo secuestrada y fue torturada”.
