Por Edgardo Alfano
Con la llegada de febrero comenzarán a moverse las negociaciones salariales en la Argentina. Las tradicionales paritarias, que llevarán varios meses de dura pulseada.
La preocupación del gobierno es mantener los aumentos en un promedio del 17 por ciento, que es la inflación estimada para este año; que no se negocie por tramos; y que los acuerdos cubran todo el 2017. En este escenario, demasiados 17 si se tiene en cuenta que para los quinieleros es la desgracia.
El problema radica en que los gremios, sobre todo en la actividad privada, están convencidos de que deben saltar esa valla que limita el porcentaje de aumento para recuperar los salarios frente a la inflación pasada y la que se viene.
Lo que está ocurriendo con el gremio de los bancarios es un preocupante llamado de atención. La Asociación Bancaria había cerrado un acuerdo con los bancos privados nacionales (ADEBA) y los públicos (ABAPPRA). Se trata de un aumento del 20% a cuenta de las paritarias de este año (suma fija de $ 2.000 más un ajuste del 10%). Esto no le gustó para nada al gobierno y a través del ministerio de Trabajo tiene en el freezer, sin homologar, ese aumento, bajó la excusa de que los bancos chicos privados (ABE) y los extranjeros (ABA) no quieren el acuerdo.
Pero por si esto fuera poco, se viene una negociación salarial muy compleja, como es la paritaria de los docentes, y la amenaza de siempre: no empezar las clases si no hay acuerdo. En realidad, no se sabe cómo terminarán estas y otras historias, pero la de los bancarios es una alarma que sonó en los sindicatos porque el gobierno nacional había prometido, una y otra vez, que las paritarias eran libres y que no habría límites impuestos por el Poder Ejecutivo.
Cristina Kirchner intentó una y otra vez poner los aumentos salariales en un corralito. Algunas veces lo logró pero la mayoría fracasó en el intento. Y, por lo que se ve, a Mauricio Macri no le disgustaría seguir el mismo camino.
El gobierno promete una inflación controlada y baja para este año, pero para febrero ya se anuncia una suba muy importante en la energía eléctrica (entre el 30 ó 40%), para achicar los subsidios, lo que impactaría en la inflación.
Por otra parte, está la intención oficial de promover un mayor consumo, por ejemplo, con una baja en los precios por pago al contado. Pero para generar más compras es necesario poner más plata en el bolsillo y evitar la suba de precios.
En el medio de todo esto aparece el objetivo del gobierno de cambiar las condiciones de trabajo en algunos sectores específicos de la economía, como ocurrió con el acuerdo de Vaca Muerta, por el cual el gremio de los petroleros flexibilizó su convenio. Al gobierno no le gusta que se utilice la palabra “flexibilizar” porque dice que es sinónimo de precarización y recuerda la época menemista. En cambio, las centrales sindicales, como la CGT, se oponen a cualquier acuerdo que les suene a flexibilizar las condiciones de trabajo.
El ministro de la Producción, Francisco “Pancho” Cabrera, resaltó el acuerdo de Vaca Muerta y habló de recrear un pacto similar en algunos sectores industriales, como el automotriz. Sin embargo, el titular del gremio SMATA, Ricardo Pignanelli, que fuera un aliado incondicional de Cristina, reconoció la charla con Cabrera pero negó que se vaya a modificar el convenio automotriz o introducir una cláusula de productividad.
¿Cuál es el límite de los gremios? Modificar los convenios colectivos. Pero sí se muestran partidarios de acuerdos particulares que no cambien el marco general de la actividad.
Por las dudas, la CGT se puso de nuevo en el centro del ring y vuelve a amenazar con un paro. No le gusta para nada el combo del verano: precios, inflación, flexibilidad y salarios.
Para un año electoral, no es el mejor inicio.
