La denuncia por redes sociales de un joven gay que no pudo donar sangre por pertenecer a un grupo con «alta prevalencia de transmisión de VIH» sacó a la luz que, a pesar de una resolución de 2015, la discusión sobre cómo lograr un equilibrio entre un cuestionario eficiente para obtener sangre segura y no caer en la discriminación, no está saldada.
«El viernes 27 de diciembre fui al Hospital Garrahan con la voluntad de donar sangre pero me encontré con la triste realidad de que hoy, a horas de meter un pie en 2020, un hombre homosexual no puede donar porque es considerado factor de riesgo», escribió Fernando Suárez, de 21 años, en su cuenta de Instagram.
«Por motivos que no vienen al caso -continuaba el posteo- sé perfectamente que soy una persona apta para donar y, aún así, en la entrevista me descartaron completamente la chance de hacerlo: porque si sos varón y tuviste relaciones sexuales en los últimos 12 meses con otro varón, no podes donar».
«Deberían hacer hincapié en conductas de riesgo porque cualquier persona, hombre o mujer, puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Lamento haber pasado por ese momento incómodo y triste, y que todavía sigan existiendo instituciones que nos excluyan violentamente», dijo Suárez en diálogo con Télam.
Hasta 2015, la resolución 865/2006 de la ley Nacional de Sangre (Nº 22.990) contenía un cuestionario que permitía excluir, entre otras variables, a donantes que hubiesen tenido relaciones homosexuales.
En 2015 se modificó esa resolución y se quitaron del cuestionario las preguntas referidas a la orientación sexual. Pero, a la vez, una nota en el artículo 2 advierte que «dada la complejidad del proceso de calificación de donantes de sangre de bajo riesgo es necesario tener en consideración datos epidemiológicos y la evidencia científica disponible, en el país y/o la jurisdicción».
Sobre este punto, Silvina Kuperman, titular del Servicio Centro Regional de Hemoterapia del Garrahan, explicó que se basan en el criterio del «Boletín de Sida de 2019 que advierte que mientras en toda la población la prevalencia de HIV es de 0,4%, su distribución en poblaciones más vulnerables es la siguiente: trabajadores/as sexuales y/o en situación de prostitución: 2 a 5 por ciento; contexto de encierro: 2,7; usuarios de drogas inyectables: 4 a 7; hombres que tienen sexo con hombres: 12 a 15% y mujeres transexuales: 34%«.
«La nuestra no es una visión arbitraria ni basada en prejuicios -señaló-. Seleccionamos a los donantes basados en datos epidemiológicos locales y desafortunadamente la evidencia científica actualmente disponible es inadecuada».
Al respecto, desde el Garrahan, Kuperman destacó que «la mayoría de las investigaciones se centraron en hombres que tienen sexo con hombres con conductas que los ponen en alto riesgo y hay pocos datos disponibles para aquellos con bajo riesgo, como aquellos en relaciones monógamas a largo plazo».
Por su parte, Pedro Paradiso Sottile, coordinador del área jurídica de la CHA, remarcó que si él quisiera donar sangre «para su esposo o sus hijes», con la posición del Garrahan «no podría hacerlo».
«Que la prevalencia se da en personas gay y trans es cierto, pero donar sangre de forma voluntaria, segura y solidaria no tiene que ver con la orientación sexual, sino seguimos hablando de «grupos de riesgo» en vez de conductas o prácticas de riesgo que puede llevar cualquier persona más allá de su orientación sexual o identidad de género», agregó.
«El tema es la ambigüedad de la resolución de 2015 que nos deja a los bancos de sangre muy desprotegidos», apuntó Kuperman y que en en términos prácticos permite que cada centro tenga su propio cuestionario.
En la misma línea, desde la Sociedad de Hematología Argentina, su titular Oscar Torres, dijo que «el Estado, que está ausente, no hace investigación epidemiológica de cuál es, por ejemplo, la real situación de hombres que tienen sexo con hombres y pareja estable».
Al respecto, Ignacio Maglio, coordinador del área Promoción de Derechos de Fundación Huésped, consideró que si la resolución vigente «da lugar a interpretaciones es momento de que la autoridad, en este caso el Ministerio de Salud, contemple los nuevos datos que hubieron sobre el tema, y haga nuevos estudios para actualizar esto».
«Por ejemplo- continuó- hoy sabemos que una persona que se encuentra en tratamiento con su carga viral indetectable no transmite el virus».
Pero además, concluyó, «es un tema de salud pública y deberían existir uniformidad de criterios para los bancos de sangre».
