En estos más de 6 años, el “derrame” de progreso prometido faltó a la cita. Los únicos derrames que vimos son los que se producen en los yacimientos, como el de Bandurria Sur, que en 2018 afectó al menos 80 hectáreas.
En 2012 el gobierno de CFK recompraba la mayoría de las acciones de la Sociedad Anónima YPF a la española Repsol. Lo hacía después de permitir durante años que la multinacional explotara y exportara sin explorar, mientras las reservas de hidrocarburos caían.
La decisión la tomó el Congreso sólo cuando los enormes costos en dólares de la importación de gas se evidenciaron insostenibles, convirtiéndose en un condicionante para la economía nacional. El discurso de soberanía no le gustó a la derecha. Macri mandó a sus diputados a votar en contra. Alberto Fernández, se paseaba por los canales de televisión como “lobbysta a sueldo” de la Repsol (en palabras de 678), y denunciaba la supuesta “confiscación” a los pobres accionistas de la empresa.
Un año después, la mayoría accionaria del Estado en YPF (que siguió siendo una sociedad anónima con 49% de accionistas privados, entre ellos fondos buitres), fue utilizada para asociarse a la yanqui Chevron, heredera de la nefasta Standard Oil. Una empresa que, como carta de presentación, contaba con un fallo judicial en contra por contaminar miles de hectáreas de la amazonia ecuatoriana.
El acuerdo lo impusieron con cláusulas secretas, con empresas off shore, y con una dura represión en la legislatura neuquina, e implicó la concesión del yacimiento Loma Campana hasta el año 2048. Se abría la puerta a la explotación masiva de Vaca Muerta.
Un mes antes del acuerdo el gobierno le firmó un decreto “delivery”, el 929/13. Se creaba un “Régimen de promoción” de la inversión en hidrocarburos en el que, entre otras cosas, se permitía exportar parte de su producción sin pagar un peso y disponiendo libremente de los dólares.
En el 2014 el Congreso aprobaría la ley 27.007 generalizando los beneficios otorgados a la Chevron, e incorporando otros nuevos. Esa ley bajaría el piso de inversiones para entrar al “régimen de promoción”, reduciría a 3 años el plazo para comenzar a exportar parte de su producción (un 20%) con 0% de alícuota, y dejaría establecido el en 35 años el plazo para las concesiones de explotación no convencionales, prorrogable por 10 más.
Las regalías se mantendrían en un 12%, pero permitiendo a las autoridades de aplicación reducirlas a un ínfimo 5%. A su vez, se limitarían otros impuestos, como Ingresos Brutos. El único proyecto alternativo a la «ley Chevron» en ese momento, fue el presentado por Nicolás del Caño.
Los beneficios de la ley 27.007 se sumarían a los planes de estímulo ya existentes desde 2013 para la producción excedente de gas, que garantizaban un precio del millón de BTU a U$D 7,5.
Desde fines de 2015 y durante gran parte de 2016, Vaca Muerta atravesará una crisis producto de la estrepitosa baja del precio del barril de petróleo a nivel internacional. Crisis que pagaron los trabajadores del sector con miles de despidos, jubilaciones anticipadas y reducción salarial por medio de suspensiones rotativas. La política del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, antes de despedirse de su cargo, será la del “barril criollo”: garantizar un sobreprecio en dólares al precio internacional.
Gobierno de CEO’s: tarifazos y modelo de flexibilización laboral
La política energética de Cambiemos, que copó el Ministerio de Energía con CEO’s, empezando por Aranguren, de Shell, fue reemplazar parte de las transferencias estatales al sector hidrocarburífero, por transferencias desde los hogares, reduciendo los subsidios y aplicando tarifazos brutales, que en el caso del gas llegaron al 2.400%. Buena parte de esos tarifazos, terminaron en Vaca Muerta.
Esto, sin embargo, no significó que el macrismo dejara de subsidiar. Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, los subsidios (dolarizados) a los combustibles en 2019 (entre las empresas que extraen y las que distribuyen), duplicaron lo destinado en 2018 por parte del Estado a las Universidades Nacionales. Si se comparan los subsidios (que paga el estado nacional) con las regalías (que reciben los estados provinciales), el resultado es escandaloso.
En el gas, los subsidios recibidos por las empresas en los últimos años fueron mayores a las regalías que pagaron: en 2016 recibieron U$S 3,5 de subsidios por cada dólar que pagaron en concepto de regalías; en 2017 U$S1,7, y en 2018, U$S 1,3.
María Marta Di Paola, Directora de Investigación de la FARN sostiene en una entrevista que “en 2019, el 88% de la producción de gas de Vaca Muerta fue subsidiada. Las empresas que recibieron subsidios fueron 13, se llevaron el 0,20% del presupuesto nacional, que equivale a 4 millones de Asignaciones Universales por Hijo (AUH), o 665 mil salarios mínimos, o 5 meses de recaudación de lo que es el monotributo”.
El macrismo, con la Resolución 46/2017, centró los multimillonarios subsidios en el gas no convencional. La gran ganadora fue Tecpetrol, de la multinacional Techint, que en poco tiempo pasó de la nada a ser la estrella del gas no convencional, con la explotación de Fortín de Piedra.
La Resolución 46 fue una de las 2 patas con las que intentó seducir a las empresas. La otra pata, la más cara para los trabajadores del sector, fue la adenda flexibilizadora del convenio petrolero, firmada a comienzos de 2017 para los no convencionales. Macri, Gutiérrez, Aranguren y Triaca, celebraron la responsabilidad del sindicalista y empresario (y en ese entonces senador) Guillermo Pereyra: Vaca Muerta se convertía en la vanguardia de la reforma laboral.
La adenda incrementó los riesgos laborales al reducir dotaciones, habilitar trabajos nocturnos, aumentar la tolerancia para el trabajo con vientos fuertes de hasta 60km/h y ráfagas aún mayores, implementar la polifuncionalidad y las “tareas simultáneas”, superar el máximo de horas extras, etc.
Para ellos, esa fue la forma de bajar los “costos” laborales, y otra vez, aumentar sus márgenes de ganancia. Según La Nación, la reducción de costos laborales por la adenda fue de un 30%, y esto sin contar el efecto de las sucesivas devaluaciones. Para los trabajadores, la adenda fue parte de una ofensiva que relajó los mecanismos de seguridad y dio rienda suelta al aumento de la productividad obrera , logrando un récord de muertes laborales. 8 obreros fallecieron desde ese momento, que se suman a los cientos de accidentes evitables que terminan con lesiones, mutilaciones y discapacidades para muchos trabajadores.
Con este envión Vaca Muerta repunta, vuelve a su ciclo ascendente, y el gobierno presenta como logro que en 2018 Argentina vuelva a exportar gas a Chile.
Falsas promesas: quién carga los costos de Vaca Muerta
En estos más de 6 años, el “derrame” de progreso prometido faltó a la cita. Los únicos derrames que vimos son los que se producen en los yacimientos, como el de Bandurria Sur, que en 2018 afectó al menos 80 hectáreas.
Los contrastes sociales en la región se acrecientan cada día. Los precios se van por las nubes, con una inflación siempre superior a la media nacional, que en Neuquén alcanzó el 63,6% en los últimos 12 meses. Al calor de la especulación inmobiliaria, un alquiler de un ambiente cuesta lo mismo que el salario promedio a nivel nacional.
Existe un déficit de 70 mil viviendas, y los asentamientos informales aumentan desesperadamente.
Cuando Vaca Muerta pisa el acelerador, de la mesa sólo caen migajas, las ganancias se concentran, y el pueblo carga los costos. Sólo así se entiende que al mismo tiempo que en Neuquén el Producto Bruto Geográfico crecía contrastando con la recesión a nivel nacional, aumentaban la pobreza y la indigencia..
El fracking genera más puestos de trabajo que, por ejemplo, la megaminería. Pero son cada vez más flexibles, riesgosos, y, como se ve en cada crisis, inestables: se pueden eliminar de un plumazo, con miles de despidos. Cuando se crean en el Estado, se trata en muchos casos de contratos precarios, también expuestos al vaivén del mercado.
Los impactos ambientales merecerían un capítulo aparte. El discurso del “fracking seguro” es cada vez más insostenible, luego de que una llama de 30 metros se levantara sobre un pozo perforado a muy poca distancia de una de las fuentes de agua potable de la ciudad de Neuquén. Ese incendio sólo pudo ser controlado por una empresa yanqui, con equipos traídos en un superavión ruso, tras casi un mes de trabajo. Por cada derrame que se publica, cientos más tienen lugar en los campos: 3 “incidentes” por día se registraron en 2018.
Hoy es evidente lo que hace un tiempo parecía lejano: la relación entre sismos y fracking, que en muchos países fue la principal causa de prohibición o moratoria de la técnica. Las grietas en las casas de Sauzal Bonito producidas por cientos de temblores desde que empezó el fracking, son una muestra palpable, y los especialistas en el tema advierten sobre los riesgos en una zona con grandes obras de infraestructura pensadas con una sismicidad baja.
La contaminación del agua, las filtraciones de gas y fluidos, los accidentes radiactivos, los venteos sin ningún tipo de control, los pozos sumideros y los basureros petroleros emanando tóxicos que respira la población, son otros de los “costos” de la actividad. Sin contar con el enorme volumen de emisiones de gases de efecto invernadero, en momentos en que la crisis climática recorre el mundo. Y para todo este desastre, es necesario desplazar a las poblaciones que se resistan: ahí es cuando se agrava la criminalización y represión del pueblo nación mapuche. Sus comunidades (como el caso emblemático del Lof Campo Maripe), pasan a convertirse en “usurpadoras”, en enemigos internos, un palo en la rueda de este evidente “desarrollo”. 6 años fueron suficientes para constatar quién paga los costos de Vaca Muerta.
Esteban Martine – La Izquierda Diario
