El sábado 17 de diciembre, la policía de San Juan junto a gendarmería reprimió un corte de ruta iniciado ese mismo día por un grupo de jóvenes en el ingreso a la mina Veladero de Barrick Gold, departamento Iglesia. Los manifestantes pedían “el cierre, remediación y prohibición” del emprendimiento.
El desalojo ordenado por el juez Pablo Oritja de Jáchal, el mismo que intervino en los derrames de cianuro de la empresa, tuvo un saldo de 30 detenidos, incluyendo mujeres con niños, todos trasladados a la jefatura de Policía de la capital sanjuanina en horas de la madrugada. Hasta la tarde del domingo la policía impedía a los abogados tomar contacto con los detenidos. Desde la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, a cargo de la diputada Victoria Donda, tomamos contacto con la policía y con la Asamblea de Jáchal para seguir de cerca la situación.
La justicia provincial rápidamente manda a reprimir a quienes se manifiestan contra Barrick, pero sigue mirando para otro lado a la hora de exigir el cumplimiento de la ley a la empresa. Hasta ahora los únicos procesados son quienes defienden el derecho al agua.
Ya no quedan dudas que la empresa viola la ley de glaciares: un informe elaborado por el propio Ministerio de Ambiente de la Nación revela que Veladero y Pascua Lama, entre otros emprendimientos, se encuentran en zonas prohibidas por la ley. El informe es parte del material secuestrado en un allanamiento ordenado por el juez federal Sebastián Casanello, en la investigación por los derrames de cianuro ocurridos en la mina de Barrick en 2015 y 2016.
