El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de seguridad que busca terminar con el uso ilegal de celulares en cárceles federales. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se oficializó el bloqueo de teléfonos móviles, tarjetas SIM y líneas detectadas dentro de establecimientos penitenciarios de todo el país.
Adiós a los celulares en cárceles federales: el Gobierno oficializó bloqueos totales de equipos y líneas
La decisión fue implementada por el Ente Nacional de Comunicaciones mediante la Resolución 300/2026 y complementa las medidas impulsadas previamente por el Ministerio de Seguridad para reforzar el control sobre las comunicaciones dentro de los penales.
Según explicaron desde el Gobierno, el objetivo principal es impedir que internos utilicen dispositivos móviles para realizar estafas, coordinar delitos, ejecutar extorsiones o mantener comunicaciones ilegales desde prisión.
Uno de los aspectos más importantes de la nueva normativa es que no solo se bloquearán los teléfonos mediante el código IMEI, sino también el sistema IMSI, que identifica la tarjeta SIM y la línea telefónica asociada.
Esto implica que no solo quedará inutilizado el aparato celular detectado dentro de la cárcel, sino que además la línea no podrá volver a utilizarse en otro equipo ni en otra red móvil, incluso fuera del país.
El procedimiento funcionará mediante controles realizados por el Servicio Penitenciario Federal, que identificará los dispositivos activos dentro de los penales. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad enviará la información a las empresas de telefonía para ejecutar el bloqueo correspondiente.
La medida alcanza a compañías como Telecom Argentina, Claro Argentina y Movistar Argentina, que deberán conservar registros detallados de cada bloqueo realizado.
Otro punto sensible que contempla la resolución tiene que ver con las históricas quejas de vecinos cercanos a cárceles por interferencias en las señales telefónicas. Por ese motivo, el Gobierno aclaró que los sistemas de bloqueo deberán limitarse exclusivamente al interior de los establecimientos penitenciarios y no afectar las comunicaciones de terceros.
La nueva reglamentación forma parte de una política de endurecimiento del control penitenciario y apunta a frenar las maniobras delictivas organizadas desde las cárceles federales.

























