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Ciberpedofilia: megaoperativo en 76 localidades bonaerenses

Este miércoles se materializó un megaoperativo en el marco de causas que investigan delitos de Ciberpedofilia, grooming y material de abuso sexual infantil, donde fiscales especializados coordinaron 121 allanamientos simultáneos en 76 localidades.

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La investigación permitió identificar sospechosos vinculados a delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La acción fue coordinada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el procurador general Julio Conte-Grand, y contó con la participación de fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil, además de fuerzas policiales y organismos de investigación especializados en delitos informáticos.

La denominada Operación Bonaerense, alcanzó a 76 localidades pertenecientes a 21 departamentos judiciales de la provincia, consolidándose como una de las investigaciones coordinadas más amplias realizadas hasta el momento contra redes vinculadas a la explotación sexual infantil en entornos digitales.

Investigación sobre ciberpedofilia

La investigación se centró en delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino, relacionados con la tenencia, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil (MASI), además de situaciones de acoso sexual en línea conocidas como grooming.

Para llegar a los procedimientos concretados este miércoles, los equipos especializados analizaron durante meses una gran cantidad de información digital que permitió detectar inicialmente 138 objetivos investigativos. Tras las tareas de verificación y análisis, el número final se redujo a 121 domicilios y objetivos específicos que fueron allanados en forma simultánea.

La coordinación general estuvo a cargo del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General.

Los procedimientos se realizaron en departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Morón, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana, entre otros.

La magnitud territorial de la operación demandó la participación coordinada de decenas de equipos de investigación distribuidos en toda la provincia.

Datos de investigados

De acuerdo con la información oficial difundida por la Procuración General, fueron investigadas 111 personas. De ese total, 106 corresponden al género masculino y cinco al género femenino.

Los investigadores detectaron además dos menores de 18 años que habrían compartido material de abuso sexual infantil mediante plataformas digitales.

El rango etario de los involucrados resultó particularmente amplio, ya que osciló entre los 15 y los 75 años.

Otro dato que llamó la atención de los responsables de la investigación es que seis de los sospechosos desempeñaban actividades laborales con contacto directo con niños, niñas o adolescentes.

Asimismo, durante el desarrollo de la pesquisa se identificó la convivencia de 37 menores de edad en los domicilios investigados y se detectaron cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil que ahora son objeto de seguimiento y asistencia especializada.

Los investigadores también confirmaron que entre los objetivos allanados figuraba una persona con antecedentes en una causa previa por abuso sexual infantil.

Elementos secuestrados

Los procedimientos permitieron secuestrar una importante cantidad de dispositivos tecnológicos que ahora serán sometidos a peritajes forenses para determinar el alcance de las conductas investigadas.

Según el informe oficial, fueron incautadas 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento digital y 165 teléfonos celulares.

Además, se secuestraron dos armas de fuego y se realizaron 31 análisis preliminares sobre los dispositivos electrónicos encontrados durante los allanamientos.

Uno de los procedimientos se concretó incluso dentro de una unidad penitenciaria, donde personas privadas de la libertad eran investigadas por delitos vinculados al abuso sexual infantil.

Los especialistas también informaron que una de las causas surgió como derivación de un operativo anterior relacionado con la tenencia de material de abuso sexual infantil. A partir de esa investigación complementaria se logró detectar a una nueva imputada por presunta producción y distribución de este tipo de contenidos.

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