El delegado de Acevedo, Nazareno Bernaus judicializó un esquema de extorsión policial que operaría entre Guerrico y J.A. de la Peña.
Delegado de la localidad de Acevedo radicó una denuncia en fiscalía por presuntos hechos de corrupción en Ruta 188 ejecutados por uniformados
Se habla de pedidos de hasta 2 millones de pesos para «liberar» maquinaria agrícola en regla.
La Ruta Nacional N° 188 no solo es una arteria vital para la producción agropecuaria regional; ahora es también el escenario de una denuncia que sacude las estructuras de seguridad del Departamento Judicial Pergamino.
En las últimas horas se radicó una denuncia penal que describe el modus operandi reiterado de extorsión y abuso de autoridad por parte de efectivos policiales.
La presentación judicial fue impulsada por el delegado municipal de Acevedo, Partido de Pergamino, Nazareno Bernaus.
La causa recayó en la fiscalía del Dr.Francisco Furnari y describe una “mecánica de caza en el asfalto«. Efectivos de J.A. de la Peña, Acevedo y Guerrico interceptarían vehículos bajo supuestas irregularidades para luego trasladarlos a las dependencias. Y una vez en el destacamento —lejos de la mirada pública y de la transparencia de un acta oficial— se activaría la extorsión: dinero en efectivo a cambio de no judicializar el vehículo. Un «pague para seguir» que desvirtúa por completo la función de seguridad pública.
El caso que hizo al denunciante trasladar los hechos a la justicia se constató el último martes cuando un productor agropecuario denunció que uno de sus empleados, que circulaba con maquinaria agrícola cumpliendo con toda la normativa vigente, fue interceptado en la madrugada. Según el relato de Bernaus, el trabajador fue escoltado hasta el destacamento de Guerrico, donde la exigencia fue directa y brutal: dos millones de pesos para dejarlo continuar.
Y los investigadores creen que lo ocurrido no se trataría de un hecho aislado sino, más bien, de la punta del iceberg. Voces en Acevedo sugieren que la Ruta 188 se ha convertido en una zona de riesgo para conductores y productores, víctimas de un personal policial que parece haber confundido el uniforme con una licencia para el saqueo.
«No se trataría de hechos aislados, sino de una práctica reiterada que tiene como blanco a los vecinos del corredor«, confiaron fuentes cercanas a la investigación.
Tras la formalización de la denuncia, quienes deberán tomar cartas en el asunto son los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de las autoridades de la Policía de la provincia y como corresponde, de Asuntos Internos.

























