Lo hará por decreto. Las bajas no serán reemplazadas y el dinero que quede será destinado a la compra de máquinas y herramientas. “Se dispone la limitación de las incorporaciones de beneficiarios y beneficiarias al Programa Nacional Potenciar Trabajo”, dice textualmente el borrador de la medida, que fue confirmada a este medio por fuentes oficiales
El gobierno de Alberto Fernández tomó la decisión política de prohibir por decreto el ingreso de nuevos beneficiarios a programas sociales como Potenciar Trabajo. Las bajas de los titulares tampoco podrán ser reemplazadas por otros. La medida será oficializada con la firma del Presidente y ya circuló por los ministerios de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz y de la cartera de Trabajo, cuya titular es Kelly Olmos.
La resolución también establece que el “ahorro” que se obtendrá solo podrá ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.
El Potenciar Trabajo es el segundo programa en importancia en el ministerio de Desarrollo Social. Según cifras oficiales, en la actualidad existen unos 1.300.000 beneficiarios, de los cuales 400.000 podrían ser dados de baja después de las auditorías que están en marcha.
El decreto, que aún no fue publicado en el Boletín Oficial, será motivo de protesta por parte de los movimientos sociales de izquierda que en las últimas manifestaciones y acampes perdían por una mayor cantidad de alimentos. También reclamaban la “universalización” de planes como el Potenciar, que por cuatro horas de labor otorga $28.950; esto es la mitad del salario mínimo vital y móvil.
El borrador del texto, al que accedió Infobae afirma: “Es prioridad del gobierno nacional promover el trabajo en sus diversas formas y el acceso a los derechos de la seguridad social por parte de los sectores sociales con mayor grado de vulnerabilidad económica y social. Que, en particular, la Ley N° 27.345 tiene por objeto promover y defender, en todo el territorio nacional, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que se desempeñan en la Economía Popular con miras a garantizarles acceso a la vivienda digna, a la alimentación adecuada, a la educación, vestimenta, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, entre otros derechos, con fundamento en las garantías otorgadas al “trabajo en sus diversas formas”.
También destaca: “Por el artículo 14 bis y en el mandato de procurar ‘el progreso económico con justicia social’ establecido en el artículo 75, inciso 19, ambos de la Constitución Nacional. Que la mencionada ley establece, en su artículo 7°, que ‘los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del CONSEJO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y EL SALARIO SOCIAL (CEPSSC), promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario’ para fortalecer el trabajo de la Economía Popular”.
En su núcleo central, la resolución asegura: “La política del Gobierno Nacional entiende que la cobertura de las necesidades de los sectores vulnerables a través de los incentivos necesarios para la formalización de las relaciones laborales es un mecanismo para superar dicha vulnerabilidad. Que se dispone la limitación de las incorporaciones de beneficiarios y beneficiarias al PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL “POTENCIAR TRABAJO”, con el objetivo de promover el desarrollo de sus calificaciones laborales y la contratación de los mismos en trabajos registrados”.
“Tenemos que dejar ser el ministerio de la pobreza, para ser el de Desarrollo social”, dijo Tolosa Paz y remarcó que hoy la prioridad y la importancia es “brindar las herramientas para el desarrollo de las capacidades y los saberes de la población económicamente activa y especialmente a la juventud para que el país crezca y genere mayor riqueza y mayor inclusión”.
En relación al nuevo horizonte de la cartera que comanda, que es reencauzar los planes sociales del programa Potenciar Trabajo en el mundo del empleo formal y registrado, señaló en diálogo con El Despape Web: “La inflación hizo estragos e influyó en el ingreso de muchos hogares”; por eso, consideró que el gobierno nacional tiene la obligación de llegar a los sectores indigentes y que el bono de 45 mil pesos a la indigencia “es para estar más cerca de los últimos”, expresó.
Fuentes del gobierno nacional le aseguraron a este medio que “el decreto que se anunciará en las próximas horas tiene que ver con el impulso de instrumentos para la institucionalización y el desarrollo de la Economía Popular, el avance del empleo formal registrado y el acceso a los derechos de la seguridad social para los sectores sociales con mayor grado de vulnerabilidad económica y social”.
“Es un decreto trabajado y dialogado con parte de las organizaciones sociales integrados por la UTEP y otros movimientos sociales de la Argentina”, advirtió Tolosa Paz, que destacó: “Debemos logar que la transferencia de recursos de los que dejan el Potenciar trabajo se invierta en bienes de capital para la Población Económicamente Activa”.
