Este jueves se realizará el apagón nacional contra los aumentos de tarifas

Este jueves 31 de octubre, se llevará a cabo un apagón nacional convocado por el Foro Multisectorial contra los Tarifazos, una agrupación que incluye a pymes, comerciantes, universidades, jubilados, inquilinos, espacios culturales y clubes de barrio, entre otros. La protesta, llamada Apagón Nacional por Tarifas Justas, invita a los argentinos a apagar la luz durante 10 minutos, desde las 21 hasta las 21:10, como «una expresión pública de repudio» a los incrementos de tarifas que impactan en la economía de hogares y sectores productivos.

En una conferencia de prensa reciente en el Polo de Cultura Emergente, representantes de diversos sectores explicaron cómo estos aumentos, que han alcanzado un 179,9% en servicios como luz, agua y gas en lo que va del año, superan ampliamente la inflación general y ponen en riesgo la sostenibilidad económica de miles de familias y organizaciones.

Gabriel Katopodis, ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, lideró la convocatoria multisectorial. «Este tarifazo golpea a todos por igual: jubilados, clubes de barrio, pymes, y electrodependientes. Es insostenible y exige una respuesta colectiva», declaró. Katopodis también exigió al gobierno el congelamiento de tarifas y de los boletos de transporte.

Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín, destacó el impacto en la educación pública, mencionando que en pocos meses la factura de luz de su universidad se elevó de 12 a 80 millones de pesos, un aumento que, sin ajuste presupuestario, ha impulsado masivas movilizaciones en defensa de los recursos para la educación superior.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga advirtió sobre las dificultades adicionales para las personas con discapacidad, quienes «ya enfrentan vulneraciones» y ahora son empujadas aún más a la pobreza por la falta de medidas de contención en las tarifas.

Otros sectores, como los clubes de barrio y asociaciones de jubilados, también compartieron sus experiencias. Graciela Liberti, presidenta de un club de San Martín, explicó que el porcentaje del presupuesto destinado a servicios subió de un 3.5% a un 25% en un año, afectando su rol social. Mientras tanto, Magalí Zirulnikoff, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, criticó la reciente derogación de la ley de alquileres, la cual, afirmó, «vulnera el derecho a una vivienda digna».

Tras la acción de este jueves, el foro no descarta continuar con otras medidas, incluyendo marchas hacia la Casa Rosada y el Congreso, con la esperanza de lograr una respuesta del Gobierno a este reclamo multisectorial por tarifas accesibles.