Desde la Asociación Civil Buena Vida reclaman que se trate el proyecto de ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, ITS y TBC. La iniciativa es parte del temario que envió el Poder Ejecutivo para tratar en sesiones extraordinarias. El proyecto, que tiene respaldo en todos los bloques, deberá volver a pasar por comisiones, ya que perdió estado parlamentario por tercera vez.
El coordinador institucional de la Asociación Civil Buena Vida en Junín (grupo de apoyo para pacientes con enfermedades hepáticas), Mauro Héctor Fernandez, comentó que «El proyecto busca reemplazar con una norma integral a una ley que cumplió más de 30 años: la Ley Nº 23.798, aprobada en agosto del 1990, que declaró de interés nacional a la lucha contra el SIDA, pero desde una perspectiva fundamentalmente sanitaria.
El 31 de diciembre pasado fue la tercera vez que la iniciativa perdió estado parlamentario. Lo curioso es que el proyecto -impulsado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la asistencia a las personas con VIH y Hepatitis Virales- contó con la firma de una veintena de diputados del Frente de Todos, Juntos por el Cambio (UCR, Coalición Cívica, PRO) y el Frente de Izquierda».
Además, sostuvo que «Según nos dijeron los compañeros de las asociaciones civiles que trabajan en CABA, tanto en el oficialismo como en la oposición coincidieron que la iniciativa volvió a caer por falta de voluntad política».
Qué establece el Proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis:
El proyecto hace hincapié en la producción pública, la asequibilidad, y la sustentabilidad de los tratamientos de VIH, Hepatitis, Infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis en todos los subsistemas de salud de la Nación; la disponibilidad y accesibilidad a insumos y materiales para la prevención, el tratamiento y la asistencia, como por ejemplo los preservativos, lubricantes, medicamentos, vacuna, entre otros.
Paralelamente, propone que la prueba para el diagnóstico de infección por VIH y Hepatitis B y C esté acompañada de asesoramiento pre y post test en forma individual y con participación prioritaria de personas con VIH y Hepatitis B y C.
Apunta a la erradicación de las prácticas discriminatorias -muy presentes todavía en el ámbito laboral y en el propio sistema de salud- y a la reparación a quienes vienen afrontando hace décadas las consecuencias de la discriminación y la falta de respuestas del Estado.
Entre sus fundamentos, el proyecto señala que “las personas con VIH, Hepatitis B y C con muchos años de infección padecen de envejecimiento prematuro del organismo. Éste es causado tanto por el virus como por la realización de tratamientos prolongados con drogas de gran toxicidad, como asimismo la situación especial de vulnerabilidad social que las afecta, en relación a la expulsión del mercado laboral”.
La iniciativa plantea la creación de nuevos regímenes de la seguridad social para personas con VIH o hepatitis B o C: por un lado, se prevé una jubilación anticipada para quienes tengan más de 50 años, 20 años de servicios con aportes computables y 10 años o más desde su diagnóstico.
También se establece una pensión no contributiva igual al 70% del haber mínimo para aquellos mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad social, cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta pensión será compatible con otros beneficios sociales.
