A medida que avanza la causa que investiga a los tres uniformados que cumplían funciones en Comisaría Primera y ellos permanecen detenidos en 30 de Agosto, los abogados solicitaron la excarcelación de los mismos. Trascendió que la fiscal, Dra. Pamela Ricci no compartiría la posición de los asesores letrados y actuaría en consecuencia ante el juzgado de Garantías.
Como fuera oportunamente informado, las imputaciones que pesan sobre los integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales son las de robo calificado en poblado y en banda, falsedad ideológica y dos hechos de amenazas coactivas. La investigación, dirigida por la titular de la fiscalía 4, Dra. Pamela Ricci también cuenta con la intervención de la Ayudantía Fiscal de General Arenales dado que el hecho en cuestión, comenzó en ese Partido.
Si bien los ilícitos no fueron detectados en un primer momento, es decir, el 10 de enero próximo pasado, la investigación que se llevaba adelante comenzó a despertar alarma entre los funcionarios judiciales, quienes comenzaron a profundizar manteniendo reserva para evitar filtraciones.
EL HECHO
Según entiende la fiscalía, los uniformados se apoderaron de dinero en moneda extranjera –U$S- y joyas de oro pertenecientes a la víctima de un ilícito protagonizado en la localidad de General Arenales, en el marco de un operativo cerrojo –del que no formaban parte oficialmente- en el que se intentaba dar con el vehículo en el que presuntamente estaban los bienes.
El coche de alquiler cuyo conductor ignoraba que trasladaba el producto de un delito, fue interceptado en Ruta Pcial. 65 por los hoy detenidos, quienes se hicieron del botín y condujeron al juninense a dependencia policial, obligándolo a declarar hechos que no se ajustaban a la realidad.
A medida que la causa fue avanzando, la fiscalía fue detectando inconsistencias reiteradas entre las declaraciones del taxista y las pruebas colectadas. El panorama se aclaró cuando ante el riesgo de ser imputado por falso testimonio, el trabajador relató los hechos. Durante meses fue amenazado por los hoy detenidos que intentaban evitar que se descubriera la maniobra delictiva.
La misma fiscalía solicitó una pericia psicológica al chofer, que arrojó como resultado, entre otros detalles, que estaba atravesando un shock post traumático, que sus dichos eran veraces y vivía un verdadero “tormento”. También se agregaron a la investigación de fiscalía, escuchas telefónicas de los tres funcionarios sospechados de ser los autores de los ilícitos.
Finalmente, a las 6 de la mañana del miércoles, se trasladaron funcionarios judiciales y de Policía Federal, a sede de Comisaría Primera. Tres fueron los uniformados detenidos que ya cuentan cada uno de ellos con un abogado y cuando fueron trasladados para prestarse a indagatoria, se negaron a declarar. Desde entonces se encuentra privados de la libertad, afrontan una investigación penal y se presume que otra de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Las imputaciones que pesan sobre los uniformados son las de Robo calificado en poblado y en banda, falsedad ideológica (habrían llegado a fraguar un acta de procedimiento) y amenazas coactivas.
Ahora habrá que ver qué posición adopta el Juzgado de Garantías respecto de si les otorga o no la excarcelación, a la que se opondría la fiscalía.
