Securitas, inició un procedimiento preventivo de crisis (PPC)

Peligran las fuentes laborales de 3200 familias. Mientras tanto, los trabajadores percibirán sus salarios de forma no remunerativa, sin recibir los aportes de jubilación. Esto significará a Securitas un ahorro de casi $2.000 millones durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

La ex multinacional sueca atribuyó su crisis financiera a los continuos incrementos paritarios, a la competencia desleal de otras empresas, a la falta de pago de sus clientes, a la disminución y pérdida de servicios. “Parece que la culpa es de todos menos de las pésimas decisiones a nivel comercial que tomó el directorio de Pizzi”, expresó una fuente de CAESI, la cámara que agrupa a las empresas de seguridad privada.

Los resquemores de algunos sectores empresariales contra el directorio de Securitas viene desde las épocas de la pandemia: algunos empresarios los acusan de ser favorecidos con ayuda estatal y acuerdos que le permitieron tener ganancias millonarias, “una posibilidad que no todos tuvimos, algunas empresas en pandemia tuvimos que nadar en un mar de dulce de leche”, apuntaron algunos colegas.

Las inconsistencias que presentó Securitas al Ministerio de Trabajo se ven reflejadas en una de las supuestas causales de su crisis: por un lado indican que su casa matriz en Suecia los asistió con $4.468 millones para afrontar los incrementos salariales de sus 10.200 empleados. Sin embargo, el costo real durante 2023 será de $2.652 millones.

Sobre la diferencia de casi $2.000 millones no dicen nada. Según la ley, cualquier PPC debe ser consensuado entre la parte sindical y la empresaria, y ese es otro de los focos de conflicto que envuelve a Securitas y salpica a la cartera laboral que lidera Kelly Olmos: sectores de la oposición del sindicato UPSRA anunciaron que impugnaran en la justicia el mentado acuerdo por considerar que quien dio el visto bueno, no tiene facultad para hacerlo: “quien avala el procedimiento preventivo de crisis es Ángel García.

García tiene en contra un fallo de la Justicia que indica que su mandato está “ampliamente cumplido” y que la entidad sindical debe encarar un proceso democrático para renovar autoridades algo que esta siendo inexplicablemente demorado por el Ministerio de Trabajo, lo más llamativo es que el Ministerio, teniendo en la mano el dictamen de la Sala IX de la CNAT, haya homologado este acuerdo que le brinda a Securitas la posibilidad de despedir a 3200 familias en enero de 2024”, expresaron desde la Agrupación 9 de Julio de UPSRA que lidera el alfil del moyanismo en la seguridad privada, Christian López.

“Sospechamos que hay un entramado turbio detrás de todo esto – señalaron desde la agrupación – primeramente es curioso que el PPC lo presenten luego de vender la empresa, lo que nos alerta a creer que es un requerimiento de reducir personal por parte del nuevo Fondo Inversor, por otro lado plantearemos en la justicia la nulidad del acuerdo ya que una de las partes firmantes, aunque lo haya hecho unos días antes del dictamen de la Sala IX, ya no tiene facultad para hacerlo”, sostuvieron los sindicalistas, quienes expresaron su preocupación por “el acuerdo que hipoteca la jubilación de los trabajadores y que es una carta blanca para que, una vez finalizado el proceso, se produzcan despidos masivos en la empresa”, detalló https://vsradio.com.ar/