Escribe Juan Campenni,
Presidente de Fundación Pensar Junín
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la denominada causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituye un hito trascendental en la vida institucional de nuestro país. Más allá del contenido específico de la resolución, es imprescindible destacar su valor simbólico y jurídico como expresión plena del funcionamiento de la República y del respeto irrestricto al Estado de Derecho.
En momentos donde muchas veces se pone en duda la eficacia o la imparcialidad del sistema judicial, este fallo reafirma la vigencia de los principios rectores que rigen nuestra Constitución: la división de poderes, la independencia judicial y la igualdad ante la ley. La justicia no puede –ni debe– estar subordinada a intereses coyunturales, ni puede diferenciar entre nombres o jerarquías. En una República verdadera, no hay ciudadanos por encima del orden legal, y ese principio se robustece cuando las instituciones se expresan con firmeza y autonomía.
Celebramos que las instituciones funcionen, que los mecanismos de control y rendición de cuentas sigan vigentes, y que el Poder Judicial, aún frente a la presión social o política, mantenga su compromiso con la Constitución y las leyes. Este fallo no debe ser leído en clave de revancha ni de facción, sino como una demostración madura de que la democracia argentina puede sostener su andamiaje institucional incluso en causas de alto voltaje político.
La República se fortalece cuando el Derecho prevalece por sobre la voluntad circunstancial; cuando la soberanía no se reduce al voto, sino que se ejerce también en el respeto a las normas y en la confianza en los órganos de control. Esta decisión nos interpela como sociedad, recordándonos que la verdadera calidad democrática se construye todos los días, y que la legalidad no es un obstáculo, sino el piso común desde el cual se puede edificar un país más justo y equitativo.
Por eso, lejos de divisiones estériles, este es un momento para reafirmar nuestro compromiso con los valores republicanos, con la transparencia, con la ética pública y con una justicia independiente que actúe como garantía para todos los ciudadanos, sin distinción.
