Por Juan Pablo Itoiz
Licenciado en Ciencia Política
Defender la universidad pública es defender la democracia, ya que en la universidad pública se generan las condiciones y oportunidades de progreso y desarrollo para cada uno de los argentinos que concurren a ellas, y también para la nación.
No hay en el mundo, ningún país, que haya alcanzado altos índices de desarrollo humano y calidad de vida sin invertir en educación.
Tomemos cualquier ejemplo que queramos. Desde países sumamente liberales como Irlanda o Nueva Zelanda; o países “colectivistas”, como le gusta señalar al presidente, como Suecia, Finlandia o Noruega, hasta países donde ha habido alternancia ideológica en el ejercicio del poder, como Francia, Alemania, Canadá o Países Bajos. En todos ellos, se destacan sistemas y servicios educativos robustos y alta calidad de vida para la mayoría de la población.
Esto sucede porque la educación es una inversión y no un gasto. Porque la educación es un derecho y no una mercancía transable, más allá de si los sistemas son de administración publica o privada o mixtos.
El avance de la ciencia, la mejora de los sistemas de salud, el progreso tecnológico, la calidad institucional, la seguridad ciudadana, la cohesión social, en definitiva, la consolidación de la democracia, requieren de la educación.
Por eso en países como el nuestro, donde los números de la pobreza, la indigencia y la exclusión son abrumadores, es tan importante defender la educación pública y el sistema de las universidades nacionales.
El problema del gobierno nacional es que no tiene un plan educativo. Desde el 10 de diciembre del año pasado quedo en claro lo que piensa Milei de la educación pública. La degradación de educación que dejo de ser ministerio, para pasar a ser una secretaria da una muestra de ese desvalor.
Otra demostración, la acaba de dar el secretario de educación que no sabe cómo se elabora el presupuesto universitario, y ni siquiera, conoce como se inscriben los estudiantes.
Existen sistemas informáticos, como el SIU guaraní, que recopilan y cargan toda la información nominal de cada alumno y que dos veces al año aproximadamente están a disposición de los funcionarios nacionales.
La recolección de la información, su análisis e interpretación es fundamental para la planificación de las políticas públicas y para la correcta asignación de los recursos públicos. Por lo tanto, sería muy bueno que el gobierno nacional aprenda a manejar los sistemas que administra.
Lo que queda claro es que el gobierno nacional ha elegido a las universidades públicas como enemigo. Lo que no queda claro es el motivo.
Sobre todo, cuando se ataca a una de las pocas instituciones del país, que están valoradas positivamente por la sociedad; y, es el propio presidente, cuando diserta en el exterior el que destaca la calidad de la educación universitaria y el valor agregado que genera la formación del capital humano, fundamental para un país como la Argentina.
En nuestro país, en las universidades nacionales, estudian más de dos millones de personas, que en un gran porcentaje son primeros universitarios de su familia, y que en la mayoría de los casos eligen la universidad pública por su calidad académica y por su capacidad para la formación integral de los ciudadanos.
Lo que buscan esos jóvenes y no tan jóvenes, que asisten a la universidad, no es adoctrinamiento político. Lo que buscan es la posibilidad de realizarse como personas, de construir un proyecto de vida para tener un mejor futuro, para ellos y para sus familias.
Ni más ni menos; que lo ha venido haciendo la educación publica desde nuestra organización nacional.
Por estas, y muchas otras razones es imperativo la defensa de la educación pública.
