En nuestra ciudad, entre ayer miércoles y hoy jueves hubo dos amenazas de bombas contra la Escuela de Educación Media 7 «Mayor Arrieta» (ex Comercial).
En el caso de hoy, al igual que ayer, los policías se entrevistaron con la vicedirectora del establecimiento educativo en el turno mañana, Florencia Rassi. Además personal de la división explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó la inspección del establecimiento que, como era de esperarse, dio resultado negativo.
Una vez cumplido con el protocolo, que incluyó la evacuación preventiva de alumnos, personal y docentes, se volvió a la actividad normal diaria.
DECISION DE LA JUSTICIA PENAL DE LA PLATA
La justicia penal de La Plata envió unas 60 causas a la Fiscalía de Estado bonaerense para que inicie las demandas civiles a los responsables de amenazas de bombas a escuelas de la Región de la Capital Provincia registradas desde 2018 hasta principios de este año, quienes podrían ser condenados a abonar cifras de hasta unos $3 millones, que es el monto que gastó el Estado para hacer frente a esos episodios.
Fuentes de la Fiscalía 17, a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta, encargado de investigar ese tipo de hechos en La Plata, explicaron hoy que se remitieron esos expedientes «para que cuando haya condenas penales pueda comenzar las demandas civiles y procurar el pago de unos 100 mil pesos por cada operativo desplegado ante cada amenaza, aunque en algunos casos esa cifra podría trepara $ 3 millones.
Se apunta a que los padres de los chicos que hayan hecho esas amenazas u otros responsables paguen al Estado bonaerense el costo de «los operativos de seguridad y antiexplosivos que debieron montarse en cada establecimiento educativo».
La Fiscalía de Estado es responsable de representar y defender en juicio los intereses de la a provincia, sea en la condición de demandada como de demandante.
El Estado provincial «sufre un perjuicio ante cada amenaza porque desarrolla operativos de desalojo de alumnos y docentes con policía y SAME; además, despliega un escuadrón antiexplosivos para que revise las instalaciones», detallaron las fuentes.
Apuntaron que «también representa un perjuicio porque se pierden días de clase y se pagan salarios docentes por un servicio que no se pudo prestar» y consideraron que, por ello, «se deben iniciar acciones civiles y patrimoniales a los padres de los responsables».
Los voceros dijeron que después de que el fiscal Condomí Alcorta procesó a los autores de las llamadas anónimas, dio intervención a Fiscalía de Estado para que ese organismo de la Constitución se presente como particular damnificado y exija resarcimiento económico.
«Se allanaron las casas donde vivían quienes hicieron las amenazas, se secuestraron sus celulares en forma definitiva y, en los casos en que eran mayores, se los detuvo. A los menores de edad, se los procesó y se envió las causas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil», contaron.
Ahora, los padres o responsables de alumnos menores que fueron imputados judicialmente por realizar amenazas de bombas en escuelas de La Plata, deberán responder patrimonialmente por la conducta de sus hijos y pagar los operativos de seguridad que el Estado desplegó en cada establecimiento.
En base a información de los ministerios de Educación y Seguridad, los equipos técnicos de la Fiscalía de Estado determinaron que cada operativo en una escuela promedio tuvo un costo para la provincia de 60 mil pesos.
Pero, en colegios de mayor dimensión, con matrícula más alta de alumnos y más cantidad de docentes como el Normal 1 -donde se perdió un mes de clases en 2018 por las amenazas- «sólo de sueldos se perdieron 3.9000.298 pesos».
Así, explicaron, las demandas judiciales serán por montos que parten de los 60 mil pesos y podrán llegarán a montos superiores a 3 millones de pesos.
