El «operativo» policial que culminó en la muerte de los cuatro jóvenes en la madrugada de lunes en San Miguel del Monte fue realizado por siete policías en tres patrulleros, según determinó hasta ahora la investigación de caso, a partir de la cual se imputó algunos de esos uniformados de «homicidio doblemente calificado» y a otros de «encubrimiento».
Los investigadores aún no lograron establecer cuál fue el motivo que originó la persecución que terminó con los cuatro muertos, y en ese sentido, esta mañana la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que se están analizando algunos datos que indican que «hay aristas de gravedad» en el caso y que «demuestran que hay algo más complejo» detrás del hecho.
Aunque no quiso afirmarlo, Bullrich se refirió de esa manera a un audio en poder de los investigadores en el cual se denuncia a los policías como parte de una red de narcotráfico y a los chicos perseguidos y tiroteados como testigos ocasionales de una operación de ese tipo. Ahora, la justicia se encarga de determinar si los nombres aportados existen, pero en principio creen verosímil la acusación.
Mientras, El Procurador General ante la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, confirmó en declaraciones a la prensa la detención de los siete policías que se concretó anoche y que en total fueron 13 los efectivos desplazados de la fuerza por decisión del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.
Respecto de cómo se produjeron los hechos del lunes último, el jefe de los fiscales aseguró que «en la causa está acreditado que eran tres los móviles policiales que participaron del procedimiento», aunque en las imágenes de cámaras de seguridad se puede ver solo uno con tres efectivos.
«Habría un patrullero al inicio y se convoca a otros, en la parte del desenlace habría tres, o sea que dos llegaron convocados por el primero», agregó Conte Grand, quien agregó que en total fueron «siete personas que estuvieron presentes en todo el operativo».
Sobre los peritajes balísticos que se hicieron en la Policía Judicial, indicó que todas las armas están identificadas y que los estudios «acreditan que el arma de la cual salió el proyectil que hirió a uno de los chicos era un arma que estaba autorizada para su uso a una de las personas detenidas».
El procurador explicó que «uno de los cuerpos tiene un orificio de ingreso de proyectil calibre 9 milímetros y ese proyectil se corresponde con el arma de uno de los efectivos que estaba dentro del móvil y que está detenido con otros seis» policías.
Y agregó: «Se encontraron cuatro casquillos de bala que se corresponden con el arma de otro de los efectivos. Las armas fueron entregadas y todas tenían los cargadores completos, lo que indica un comportamiento claramente disuasorio por parte de los policías».
«Hay que determinar las razones por las que se produjeron estas actuaciones, que son exorbitadas y contrarias a las normas de parte de la Policía. Esto es repudiable», remarcó.
Por otra parte, Conte Grand explicó que los familiares de Gonzalo Domínguez (14), una de las víctimas, van a ser convocados para que se les explique que él es quien tiene alojado un proyectil en el glúteo.
También señaló que los fiscales consideran oportuno realizar la exhumación de los cuerpos, pero en principio los familiares manifestaron algún nivel de resistencia.
«Si no se consigue que se autorice la exhumación, los fiscales van a hacer un rastreo en el cuerpo de la persona mediante rayos a ver si existe algún proyectil alojado o alguna lesión superficial que pudiera pertenecer a algún disparo», acotó.
En tanto, en el marco de la investigación interna que lleva a cabo Asuntos Internos, el Ministerio de Seguridad bonaerense separó hoy a otro efectivo de sus funciones, ante la sospecha de que actuó como encubridor, dijeron fuentes de esa cartera.
Se trata del teniente 1ro. Hector Enrique Ángel, quien se sumó a los otros 12 policías ya habían sido desafectados ayer por orden de Ritondo.
El hecho ocurrió la madrugada del lunes último y tuvo como víctimas a Domínguez, Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22), quienes murieron cuando el auto Fiat Spazio en el que se trasladaban chocó con un acoplado sobre la Ruta Nacional 3 mientras era perseguido y baleado por la policía.
La única sobreviviente es una joven de 13 años que permanece internada en grave estado en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela.
La jueza Garmendia imputó por «homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego» al capitán Rubén Alberto García, a los oficiales Leonardo Daniel Ecilape y Manuel Monreal y al subayudante Mariano Ibáñez.
También imputó al oficial subinspector José Alfredo Domínguez y a los oficiales Cristian Righero y Juan Gutiérrez por los delitos de encubrimiento agravado y falsedad ideológica de instrumento público.
