Acusó a los agentes penitenciarios de dispararle con postas de goma y de presionarlo para declarar que se había golpeado en su celda.
El gobierno de Mendoza deberá pagarle 850.000 pesos más intereses legales a un preso que fue baleado por agentes penitenciarios durante una revuelta carcelaria.
Ocurrió el 2 de agosto de 2016 cuando los efectivos intercedieron ante el tumulto entre detenidos del complejo San Felipe.
En ese marco, efectuaron disparos con balas de goma, según informó diario Uno.
De acuerdo con el demandante, que en ese momento tenía 21 años, se escondió debajo de unas escaleras hasta que fue detectado por un uniformado quien le disparó.
El preso recibió nueve impactos de posta de goma en sus piernas, además de un culatazo en su cabeza.
Según aseguró, más tarde los guardias lo obligaron a firmar unos papeles afirmando que otros reclusos le habían provocado las lesiones, bajo amenaza de trasladarlo al pabellón de castigo.
Dos días después -siempre según Uno- un interno le arrojó una piedra con una honda que le hizo perder la visión de su ojo izquierdo.
Al presentar la demanda civil, el reo apuntó contra el gobierno provincial por su falta de servicio.
En tanto, desde el Ejecutivo respondieron que el preso pertenecía a un grupo conflictivo que violó varias veces las normas carcelarias y que además tiene una «deuda con la sociedad».
En su fallo los jueves remarcaron que, si bien el demandante firmó un acta donde decía que la lesión en su ojo la sufrió al golpearse contra el camastro de su celda, la pericia médica indicó que es irrazonable que se haya producido de esa forma.
Y abonaron la versión de que pudo haber realizado su declaración «bajo coacción y con miedo a recibir castigos mayores».
Ayer el fallo fue confirmado en segunda instancia y, en caso de quedar firme, el Estado provincial deberá hacer frente a la indemnización cercana al millón de pesos.
