Algunos de los liberados contaban con armas de fuego en sus casas. La paradoja del sistema y la decisión del magistrado Sebastián Monelos
M., de 44 años, bajó a abrirle la puerta al cartero en su casa en Almirante Brown, zona sur del conurbano. Tenía que firmar que había recibido un paquete. En eso, comenzó a charlar con el hombre por toda la situación, el contexto, qué cómo hacía para trabajar con el coronavirus, qué si no le daba miedo. Lo normal.
Al cerrar la puerta y dejar el sobre en la cocina, la esperaba F., su esposo desde hace 7 años, con el que tiene una hija de 5. Después de apoyar el sobre en la mesada, F., envalentonado empezó a recriminarle por qué había hablado “de más” con el cartero. Ella, entre atónita, temerosa y con vergüenza por el comentario de F., siguió como si no lo hubiese escuchado.
“Ya sabes las reglas, ¿querés que te mate?”, le dijo F. y levantó su remera. Le mostró el puño de la pistola que llevaba al cinto.
M. respiró profundo y esperó a que se calme. Ya estaba acostumbrada, F. la hostigaba, no la dejaba tener amistades y menos si eran hombres. Las amenazas iban desde que le iba a sacar a su hija, hasta que no le daría más dinero, no lo soportaba más. Pensó y siguió esperando. Al otro día cuando se levantó, agarró sus cosas y se dirigió a la comisaría a hacer la denuncia. Inmediatamente, los policías dieron aviso a la UFI N°16 especializada en violencia de género, a cargo de la fiscal Marcela Juan, y ordenó que fueran a allanar la casa de la pareja. Según informaron fuentes cercanas al caso, en el domicilio encontraron 7 armas de fuego; pistolas, escopetas, fusiles. F. fue arrestado.
El hombre quedó aprehendido aquel 28 de marzo, en plena cuarentena. M. fue llevada a un lugar junto a su hija para resguardarlas. Sin embargo, dos días después, el juez de Garantías Nª 4, Sebastián Monelos, quien intervino en el expediente, le dio a F. la libertad inmediata. Los argumentos, según dijeron voces cercanas al expediente, fueron que dada la situación de pandemia, el hombre no podía seguir detenido y además no tenía antecedentes. Así, F. regresó a su casa.
“Ver este hecho es observar la crónica de una muerte anunciada, porque al hombre no le va a ser muy difícil saber donde está”, le dijo a Infobae una fuente cercana a la causa. Y agregó: “Todos los hechos de violencia no empiezan y terminan con el hecho puntual, hay una trama de violencia. Por lo que no tenga antecedentes no es motivo para dejarlo en libertad ante una situación de violencia de género”.
Infobae, ante esto, se comunicó con Monelos para conocer los motivos de su decisión. El magistrado sostuvo: “No tengo otra versión que darle que la de la causa, que lo que está en el expediente”.
El del hombre con la pistola al cinto no fue el único caso: desde el 22 hasta el 31 de marzo pasado, la Justicia de Lomas de Zamora arrestó por denuncias de violencia de género a 20 hombres de los cuales 14 terminaron en libertad y regresaron a sus casas donde cumplen la cuarentena. Las razones: el contexto de pandemia y porque no contaban con delitos previos. Todos los casos, confirman fuentes judiciales, corresponden al magistrado en turno, el juez Monelos.
El riesgo es obvio: que vuelvan con sus parejas y que el ciclo de violencia recrudezca.
La cuarentena llevó a una merma en la cantidad de casos denunciados mientras el número de mujeres asesinadas no se detiene. Varias fiscalías generales de la provincia así lanzaron números de WhatsApp para que las víctimas envíen mensajes y rompan el aislamiento: la Fiscalía de Género de Tigre recibió 26 casos en un día. Las denuncias durante el aislamiento a la Línea 144 aumentaron un 60%. Ocho de cada diez llamados son de mujeres que sufren violencia en el hogar y el peligro se incrementa por el encierro. En Monte Chingolo, partido de Lanús, jurisdicción de Lomas, el doble crimen de Ada Iglesias y su mamá Cristina a manos de su pareja Abel Romero llevó a un ruidazo a nivel nacional contra la violencia machista.
Sin embargo, la paradoja es obvia: los tribunales y procuraciones penitenciarias a lo largo del país determinan la excarcelación de detenidos en penales bajo el riesgo de la entrada del coronavirus. Las comisarías bonaerenses enfrentan una sobrepoblación sumamente elevada, más de 3 mil detenidos. Seguir la sobrecarga es agravar la situación. Pero, mientras tanto, ¿qué hacer con un femicida en potencia?
Mientras tanto, aquellos datos de Lomas de Zamora se traducen en hechos.
El 22 de marzo, un hombre, L., cumplía la cuarentena en su casa de Villa Fiorito, en Lanús, junto a su familia. L. había comenzado a beber sin parar la noche anterior y eran las 9.00 de la mañana y seguía. S., su esposa, cuando se levantó le pidió que deje de tomar, que ya era suficiente. Comenzaron a discutir. L. sin más le pegó, la tomó del cuello y le decía que la iba matar. Toda la escena ocurría frente a sus hijos. No bien se logró soltar se fue corriendo con sus hijos a la casa de un familiar a pocas cuadras.
L. salió a buscarla. Se paró frente a la puerta de donde estaban y le gritó: “Salí que te mato” y desenfundó un arma. Los vecinos llamaron al 911 y llegó la policía que se lo llevó detenido. Intervino la UFI Nª16 , a cardo de la fiscal Juan, y le imputó el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo además de acusarlo de incumplimiento de la cuarentena y lo mandó al calabozo. Tres días después el juez Monelos le dio la libertad.
Al otro día, el 23 de marzo, también en Villa Fiorito, se dio un caso similar. Todo comenzó con una discusión entre vecinos. Hasta que un hombre le lanzó un ladrillazo a una de las mujeres con las que discutía y a los gritos la amenazó de muerte. Los vecinos lo intentaron calmarlo hasta que llegó la policía y dentro de casa encontró un arma. Se lo llevaron detenido. La fiscal Juan requirió su detención, pero el Juez no hizo lugar “porque el fundamento no fue muy profundo”, sostuvieron las fuentes cercanas a la investigación y se le dio la inmediata libertad.
Desde que empezó el aislamiento social obligatorio, como se dijo, aumentaron los pedidos de ayuda por violencia de género. Por eso, se difundieron números telefónicos en distintas provincias para que se realicen denuncias y hasta se trazó un plan para que las mujeres que no puedan llamar a los teléfonos para denunciar se acerquen a las farmacias y pidan un “barbijo rojo».
Aquellas son las palabras claves para que la mujer o persona que sufre violencia en su casa pueda avisar que necesita ayuda y quien atienda ese pedido, que se hará personalmente o por teléfono, dará aviso inmediato a la línea 144 dedicada a la atención de víctimas porque no lo puede realizar en su domicilio.
Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, admitieron que la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria “agravan la situación general que viven las mujeres”. Los femicidios registrados desde que comenzó el año rondan los 90, cifras similares a las del año pasado en igual período de tiempo.
Fuente: Infobae
