El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, confirmó que Asuntos Internos de la Policía bonaerense ya está trabajando en el marco de la investigación sobre el presunto espionaje a la gobernadora María Eugenia Vidal y habló de posibles nuevas exoneraciones en la fuerza.
«Asuntos Internos está trabajando con quienes ya están detenidos, que son tres, y con más con informes de la causa», señaló el funcionario bonaerense. Y amplió: «Son tres detenidos más el resto que son expolicías que estuvieron en base, donde habrían hecho inteligencia y tenían relación con policías de la Provincia»
En este marco, en una entrevista televisiva con el canal América, señaló que se verá a partir de la investigación «si amerita o no exonerarlos de la fuerza aunque ya estén retirados».
«Hay que ser respetuoso de la ley de inteligencia en Argentina. Hay leyes de la democracia que tienen que ser cuidadas», consideró Ritondo. Y agregó: «Más si tienen informes sobre periodistas, fiscales, jueves, sobre la gobernadora, sobre el ministro de Seguridad, sobre el jefe de Gabinete».
La causa, que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, surge de los «informes de inteligencia» que encontraron en poder del falso abogado Marcelo D?Alessio. Según declaró este, los exjefes policiales de la Bonaerense Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi (ambos exonerados), quienes luego fueron reclutados por La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), habrían realizado tareas de inteligencia en el conurbano.
AFI: traiciones y fuego amigo tras el fracaso de los espías en el Conurbano
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegó una red de espionaje en la provincia de Buenos Aires que reclutó oficiales exonerados de la policía bonaerense. Eso se sabe ya. Pero continúa en las sombras, hasta ahora, cómo funcionó, por qué la disolvieron -al menos en los papeles- y qué pasó después.
Las versiones divergen, pero todas coinciden en un punto: lo que encontraron incomodó a muchos, según reconstruyó el diario porteño La Nación sobre la base de testimonios de integrantes de esa red, y de funcionarios provinciales y nacionales.
La versión difundida por los expolicías es que alertaron a sus superiores de la AFI sobre los vínculos existentes entre bandas criminales, la policía bonaerense y la política. Dicen que emitieron informes en los que vincularon ese sistema de recaudación ilegal con funcionarios de la segunda línea del Ministerio de Seguridad provincial a los que identificaron por sus nombres. Es decir, colaboradores directos del ministro bonaerense Cristian Ritondo.
Esa versión, como tantas otras promovidas desde los sótanos del espionaje, es difícil de cotejar. Por un lado, porque esos supuestos informes carecen de respaldo oficial, siquiera un membrete o sello. Por el otro, porque las actividades de los espías son secretas por ley, y así lo reafirmaron voceros de la AFI ante la consulta de LA NACION. Se negaron a confirmar o desmentir lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires.
Junto a la gobernadora María Eugenia Vidal confirman que existió esa red bonaerense de espionaje, pero adjudican su disolución -teórica, al menos- a otros motivos. Escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal de Morón, Néstor Barral, expusieron que los espías hablaban de desestabilizar a Ritondo para recuperar poder y negocios.
«Tuvieron que disolver toda esa red», afirmaron junto a la gobernadora, para luego situar ese final en noviembre de 2017 y citar un chispazo previo. Ocurrió cuando Ritondo detectó que la AFI había montado la red de espionaje con policías exonerados y se quejó ante Gustavo Arribas y su segunda en la AFI, Silvia Majdalani.
Espías para el conurbano
Un experto argentino en temas de seguridad e inteligencia con despliegue en Estados Unidos y toda América Latina y llegada directa al corazón de la Casa Rosada consideró lógico ese reclutamiento. «¿Cómo infiltrás a la mafia china sin chinos? ¿Cómo querés infiltrar a la policía sin policías? El punto es que tenés que saber con quiénes lidiás y qué van a hacer, porque es obvio que van a pasarte información, cobrarse ‘vendettas’ y tirarse muertos», graficó ante la consulta de La Nación.
Junto a la gobernadora juran además que esos reportes no existen o son falsos. «Vidal mantiene total confianza en Ritondo, ella nunca vio esos supuestos informes y si existen hay que tomarlos con pinzas. Siempre mezclan algo que es verdad para meterte el resto que a ellos les interesa. Pero tenemos claro que la policía mantiene un sistema de recaudación ilegal cuya caja principal es el narcotráfico y tenemos que lidiar con esto, que es sistémico», señalaron.
¿Qué se sabe hasta ahora? Primero, que a principios de 2016 la AFI desplegó una red de espionaje en varios distritos bonaerenses, con especial énfasis en el conurbano. Para eso montó delegaciones y subdelegaciones con órdenes de hurgar en los vínculos entre el crimen organizado y la política.
«Queremos una Corrientes», dicen los expolicías que dijo Arribas, en alusión al terremoto que sacude a esa provincia, donde salieron a la luz los vínculos entre el intendente de Itatí y el narcotráfico. «Queremos saber quiénes manejan la droga en la provincia de Buenos Aires, sean políticos, policías o lo que sea», sostienen que conminó el «señor 5».
Consultado por La Nación sobre esos supuestos dichos y otros datos, un vocero de la ex-SIDE indicó que «son temas clasificados, que son para ser respondidos en la bicameral [en alusión a la comisión del Congreso destinada a la fiscalización de organismos y actividades de inteligencia] o la Justicia, si son requeridos».
Pero junto al ministro Ritondo confirmaron aquel origen: «Veníamos de la triple fuga [de los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci] y nos estábamos comiendo todo tipo de amenazas. Entonces le pedimos a la AFI que nos cubriera las espaldas. Pero los que tenían que ayudarnos a controlar las mafias terminaron ‘caminándonos’ a nosotros».
¿Orgánicos o inorgánicos?
La versión de los expolicías devenidos espías va más allá. Sostiene que desde la AFI les ordenaron desplegarse en La Matanza -controlado por la kirchnerista Verónica Magario-, pero también en distritos de Cambiemos, como Quilmes, La Plata, Pilar, Mar del Plata y Morón, cuyo intendente es Ramiro Tagliaferro, exesposo de Vidal. Allí también, afirman, encontraron datos incómodos.
Junto a Ritondo confirman que se desarrollaron tareas de espionaje en La Matanza, donde se detectaron vínculos entre policías y bandas de narcos y secuestradores extorsivos, pero que los informes que recibieron de los espías eran, como mucho, mediocres. «Nunca aportaron ‘info’ seria; era ‘refrito’ de datos ya conocidos, nada valioso», agregaron.
Aun así, esas tareas de espionaje se incrementaron a fines de 2016, ante el temor a posibles saqueos en distintos puntos del conurbano caliente. «Fue por miedo a desbordes», precisó un exfuncionario de la AFI a la nacion. «El problema es que no existe Estado que no cuente con servicios de inteligencia para fines correctos. El problema es que acá los agentes reciben órdenes por la mañana y a la noche se juntan a hacer negocios», se lamentó.
Tanto es así, afirman desde el Ministerio de Seguridad bonaerense, que acumulan anécdotas sobre las derivaciones inesperadas de esa red de espionaje. Entre ellas, la del productor radial que les avisó que el exsuperintendente de la fuerza Daniel Salcedo, exonerado en 2009 y reclutado por la AFI en 2016, había contratado una agencia de prensa de primera línea de la ciudad de Buenos Aires para «operar» en los medios contra la gestión de Ritondo.
Justo por debajo de Salcedo, en tanto, dos comisarios retirados, Ricardo Bogoliuk y Aníbal de Gastaldi, tampoco se quedaron quietos. Antes, durante o después de trabajar para la AFI convocaron a Marcelo D’Alessio, a quien desde los sótanos vinculan con la mano derecha de Majdalani en la ex-SIDE, Darío Biorci, y en cuya casa encontraron durante el allanamiento judicial «carpetas» con información sobre «objetivos». Entre ellos, la gobernadora Vidal.
De ser así, la AFI montó una red de espionaje que con el correr de los meses y bajo sus órdenes o de manera «inorgánica» terminó actuando en contra de aquellos funcionarios, como Vidal, a los que debía ayudar. O contra Lilita Carrió, que afrontó una falsa denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que, se sospecha, se gestó en la base de la AFI en Pilar, una de las tantas que funcionaron en el conurbano.
