La merma en general fue de 58%, pero en robos, la caída trepó al 70%.
La cantidad de delitos denunciados en la provincia de Buenos Aires cayó casi un 60% durante las primeras tres semanas de vigencia del aislamiento social obligatorio dispuesto por las autoridades nacionales para luchar contra la expansión de la pandemia de coronavirus.
Según un informe de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense desde la semana 13 de este año hasta la 15, que son las tres primeras para las que existen datos completos, el número de denuncias por todo tipo de delitos fue un 58,38% menor al del mismo período del año pasado.
Ese informe, al que accedió DIB, está realizado sobre la base de las Investigaciones Penales Preparatorias abiertas a partir de denuncias en los 18 departamentos judiciales de la Provincia, que es el indicador que usa habitualmente la Procuración para medir la evolución del delito en la provincia.
De la semana 13 a la 15 de 2019, hubo un total de 57.042 IPP abiertas en los juzgados bonaerenses , mientras que este año, solo hubo 27.770, lo que presenta una caída del 58,2%. La caída es un indicador indirecto y curioso del efecto del aislamiento social en la actividad delictiva.
El aislamiento fue decretado en la semana 12 del año, que comenzó el 16 de marzo, pero rige desde el 19, por lo que se descartaron esos primeros días para realizar el cálculo, ya que la estadística oficial solo permite desglosar datos para semanas completas.
El rubro delictual que tuvo la caída más pronunciada fue el de robos y robos agravados, con una merma del 72% (10.667 en 2019 contra 2955 este año), pero también cayeron fuerte las investigaciones abiertas por tenencia y tráfico de estupefacientes, con una merma del 58.64% y de violencia de género, con el 60%.
En el caso de la violencia de género, de todas formas, los servicios telefónicos especializados para recoger denuncias por el Estado, como la línea 144, de la Provincia, experimentaron un fuerte incremento de llamados. La discrepancia puede reflejar, en ese caso, una dificultad para acceder al sistema judicial por parte de las víctimas.
