El 22 de febrero de 2012, la tragedia de Once sacudió a Argentina cuando un tren de la línea Sarmiento, repleto en su mayoría por trabajadores y estudiantes, colisionó violentamente contra el andén en la estación de Once. Las causas de este desastre se atribuyen a la negligencia y la falta de mantenimiento en los equipos de frenado, revelando profundas fallas en la gestión ferroviaria del momento. El impacto de esta tragedia fue devastador, con la pérdida de 51 vidas, incluyendo un bebé por nacer, y cientos de personas resultaron heridas, marcando un hito sombrío en la historia del transporte ferroviario argentino.
A medida que se conmemora el duodécimo aniversario de este suceso, es esencial revisar la cronología de los eventos que llevaron a esta catástrofe. A lo largo de dos juicios orales, más de 20 funcionarios y directivos de la empresa ferroviaria fueron condenados. Sin embargo, sorprendentemente, ninguno de los condenados está actualmente cumpliendo su condena en una institución penitenciaria. Este hecho resalta las complejidades y desafíos del sistema de justicia argentino y sus limitaciones en hacer que los responsables de tragedias como esta rindan cuentas de manera efectiva.
El desencadenante de la tragedia fue la colisión de un tren identificado como chapa 16, con cinco décadas de antigüedad, cuyos problemas en los frenos resultaron ser cruciales. La empresa concesionaria en ese momento, Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), estaba bajo fuertes críticas debido a su falta de mantenimiento y a las numerosas fallas en el servicio ferroviario que los usuarios experimentaban diariamente.
El primer juicio, conocido como «Once I», concluyó con 21 condenas y 7 absoluciones, con penas significativas para figuras clave como Juan Pablo Schiavi, exsecretario de Transporte, y Sergio Cirigliano, expresidente de TBA. El segundo juicio, «Once II», implicó a figuras gubernamentales como Julio de Vido, entonces ministro de Planificación Federal, aunque fue absuelto por el estrago ferroviario.
A pesar de las condenas dictadas, la mayoría de los condenados ha obtenido beneficios legales, como libertad condicional o prisión domiciliaria. Este hecho ha llevado a una situación en la que actualmente no hay detenidos en establecimientos penitenciarios debido a la tragedia de Once, con la única excepción de Ricardo Jaime, quien cumple condena por otros delitos.
La tragedia de Once no es solo un hito marcado en el calendario; es un recordatorio persistente de la necesidad urgente de justicia y de abordar las deficiencias sistémicas que contribuyeron a esta terrible pérdida de vidas. La negligencia y la falta de mantenimiento en el sistema de transporte público son cuestiones que siguen siendo relevantes y que exigen una atención continua para prevenir tragedias similares en el futuro.