Condena de seis años de prisión para la expresidenta Cristina Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal de Argentina, confirmó este miércoles la condena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la expresidenta Cristina Fernández. El fallo, originalmente emitido en 2022 por defraudación al Estado, marca un hito en la política argentina, pues involucra a una de las figuras más influyentes de las últimas dos décadas.

A pesar de la ratificación de la sentencia, la medida no implica que Fernández, quien también se desempeñó como vicepresidenta entre 2019 y 2023, deba cumplir su pena de inmediato. La exmandataria tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, lo cual podría extender el proceso judicial por varios años, permitiéndole mantener su libertad y, potencialmente, participar en futuras elecciones.

Pocos minutos antes de que se conociera la resolución de la Sala IV de la Cámara de Casación, Fernández, de 71 años, difundió un mensaje en la red social X (antes Twitter). En el video, la exmandataria comunicó que se dirigía a una actividad en las afueras de Buenos Aires junto a la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres, finalizando su mensaje con un beso lanzado al aire.

La condena inicial, dictada en 2022, surgió de una investigación sobre la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a Lázaro Báez, un empresario cercano al círculo de Fernández durante su gestión presidencial (2007-2015). Según el tribunal federal que la juzgó, estos contratos representaron un fraude millonario para el Estado. Fernández ha sostenido que fue víctima de una persecución política, orquestada por sus opositores con el fin de marginarla del escenario político.

La Sala IV también confirmó las penas de prisión para Báez y varios exfuncionarios del gobierno de Fernández en una audiencia celebrada en Buenos Aires, a la cual ninguno de los acusados asistió. En las afueras de los tribunales, militantes del kirchnerismo –la corriente de centroizquierda del peronismo liderada por Fernández– se manifestaron en rechazo de la sentencia, calificándola de “lawfare,” o uso del sistema judicial para debilitar figuras políticas adversas.

En caso de que la Corte Suprema ratifique la condena, Fernández podría solicitar cumplir su pena en arresto domiciliario debido a su edad. Recientemente, la exmandataria acusó públicamente a los jueces responsables de la sentencia, vinculándolos al expresidente Mauricio Macri, a quien considera impulsor de la investigación en su contra.

En un escrito difundido en sus redes, Fernández reiteró que el delito de administración fraudulenta en relación con las obras públicas era imposible de cometer desde su posición como presidenta, argumentando que las obras en cuestión fueron aprobadas en el Congreso, ejecutadas bajo la jurisdicción provincial y auditadas por la Auditoría General de la Nación.