El presidente, en línea con su enfoque desde la asunción, ha vuelto a prescindir del Congreso al conferirse facultades que normalmente corresponden al Poder Legislativo. Los críticos argumentan que el DNU no cumple con los requisitos constitucionales y señalan la ausencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su emisión sin pasar por el Congreso Nacional.
Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica, ha denunciado que el DNU de Milei no solo carece de requisitos constitucionales sino que también revela un plan para saquear recursos naturales, entregar soberanía, precarizar el trabajo y restringir derechos. La preocupación no se limita a la forma, sino también al contenido, considerando que el uso de un DNU podría implicar medidas que afecten tanto positiva como negativamente a la población.
El proceso legal se encamina hacia el Congreso, donde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, tiene 10 días para enviar el DNU. La Comisión Bicameral Permanente, en un plazo de 10 días adicionales, deberá evaluar si se cumplen los requisitos constitucionales. Es importante destacar que las cámaras solo pueden aceptar o rechazar el DNU, sin capacidad para introducir modificaciones.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat sugiere que el Congreso debería abordar el tema y dictar una ley que anule el decreto, considerando que no existe una urgencia real que justifique el uso de un DNU. Gustavo Arballo, profesor de Derecho, destaca la paradoja de la situación, donde el oficialismo, al tener control de una Cámara, puede eludir la vía normal y aprobar el decreto a través de la vía excepcional.
Los críticos del presidente argumentan que el DNU es inconstitucional, y expertos en derecho anticipan una ola de denuncias judiciales. Andrés Gil Domínguez señala que el DNU 70/2023 busca concentrar el poder público y viola la división de poderes, siendo contrario a los principios republicanos.
El camino judicial se vislumbra, con posibles impugnaciones basadas en la falta de cumplimiento de condiciones constitucionales y violación de derechos. A pesar de la posible inconstitucionalidad, se destaca que la Corte Suprema de Justicia intervendría solo si la denuncia llega a su consideración, ya sea al final del proceso judicial o mediante el mecanismo de per saltum.
La incertidumbre legal se suma a la tensión política, dejando abierta la posibilidad de sanciones para el Gobierno. Las especulaciones incluyen desde impugnaciones individuales hasta acciones legales por parte de organismos como la Confederación General del Trabajo (CGT). ¿Se avecina un enfrentamiento legal de magnitud?
