Con una amplia mayoría, la oposición en Diputados insistió con la ley de Emergencia en Discapacidad, desarmando el veto presidencial y marcando el quiebre del blindaje político que hasta ahora sostenía al Gobierno. El debate se definió con 172 votos afirmativos y expuso la pérdida de aliados clave.
Diputados rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad y dejó aislado al gobierno
La Cámara de Diputados aprobó por dos tercios la insistencia con la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada en julio y luego vetada por el Poder Ejecutivo. Con 172 votos afirmativos, la oposición superó el mínimo requerido de 165 y dejó en evidencia la pérdida de apoyos oficiales, incluso dentro del propio bloque libertario y sectores del PRO. La sesión estuvo atravesada por una fuerte presión social de organizaciones y movilizaciones frente al Congreso.
El oficialismo sumó apenas 73 votos negativos y dos abstenciones, quedando muy lejos de frenar la avanzada. Entre los giros más llamativos estuvieron los de Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, quienes rompieron filas con La Libertad Avanza y respaldaron la ley. También se desmarcaron cinco diputados del PRO, entre ellos Álvaro González, Ana Clara Romero y Héctor Baldassi.
La ley ahora pasa al Senado, donde el Gobierno enfrenta un escenario aún más adverso. El antecedente de julio, cuando la Cámara alta aprobó la norma por unanimidad, anticipa un posible revés aún más contundente.
Claves de la ley de Emergencia en Discapacidad
La iniciativa declara la emergencia hasta diciembre de 2026 (con posibilidad de prórroga) y busca garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional. Entre sus principales medidas se destacan:
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Regularización de pagos a prestadores de salud y ajuste mensual de aranceles.
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Creación de una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
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Refuerzo de programas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y mejora en la transparencia de la gestión.
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Asignación de recursos a talleres protegidos y centros de día.
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Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD) con nuevos criterios físicos, intelectuales y sociales.
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Cumplimiento efectivo del 4% de cupo laboral para personas con discapacidad en el Estado.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la medida oscilaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, lo que la convierte en un desafío presupuestario de magnitud para el Gobierno.
Presión social y debate público
En las últimas semanas, la movilización de familias, trabajadores del sector y referentes de la discapacidad instaló el tema en la agenda pública. Testimonios, marchas y campañas en redes sociales reforzaron el reclamo, que finalmente tuvo eco en el Congreso.
Aunque el Gobierno intentó último momento anunciar una suba de prestaciones, el gesto no logró frenar el voto opositor. La sesión dejó un mensaje político claro: el oficialismo perdió el blindaje que le permitía sostener sus vetos en el Parlamento.
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