Se espera que este miércoles haya un flujo «masivo y simultáneo» de estos trabajadores cesanteados hacia diferentes organismos gubernamentales
Durante el reciente fin de semana largo, ATE informó sobre la preocupante cifra de más de 11 mil empleados públicos despedidos
Desde ATE advirtieron que cualquier incidente violento o represión será responsabilidad exclusiva del Gobierno Nacional.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció esta situación y señaló que el presidente Javier Milei podría enfrentar consecuencias legales por su participación en estos despidos. Aguiar destacó que estas acciones del Gobierno están vulnerando el sistema jurídico argentino y suprimiendo derechos fundamentales, lo cual está tipificado como delito en el Código Penal. Específicamente, mencionó que la supresión de la estabilidad laboral, garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, puede acarrear penas de entre 5 y 15 años para quienes impidan el ejercicio de facultades constitucionales.
La tensión se eleva ante la perspectiva de «ingresos masivos y simultáneos» de trabajadores del Estado anunciados por ATE para este miércoles. Aguiar reiteró que esta movilización es parte de un plan de lucha para contrarrestar los despidos y demostrar que es el Gobierno quien está actuando al margen de la ley y la Constitución.
Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos.
El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos.
Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos… pic.twitter.com/p7BCz6VIIs— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 2, 2024
En cuanto a la posibilidad de enfrentamientos, Aguiar dejó en claro que cualquier violencia o represión será atribuible únicamente a la Casa Rosada.
Además, se prevé que el número de despidos en el sector público aumente en los próximos días, según lo admitido por el propio Gobierno a través de su vocero presidencial, Manuel Adorni. Se están evaluando alrededor de 70 mil contratos, de los cuales se anticipa que 15 mil serán dados de baja antes y después de la Semana Santa.