El Gobierno acepta negociar la Ley Ómnibus antes de que sea demasiado tarde mientras se le acorta el tiempo

Si las elecciones fueran hoy, solamente un 43% de la gente volvería a votar a Javier Milei. Un 10% lo dudaría y un 3% ya no lo elegiría. Así de volátil es la opinión pública. Los efectos de las primeras medidas que tomó todavía no impactan del todo en el bolsillo. Los aumentos más grandes van a llegar entre febrero y marzo. Los números surgen de un estudio de la consultora Opinaia, una de las que mejor pronosticó el resultado de las elecciones 2023. Otro dato a tener en cuenta: la imagen positiva de su gobierno (no la de Milei) está en 35%, 5 puntos por debajo de la de Alberto Fernández en enero de 2019.

Por eso es importante tomar las medidas rápido, cuando todavía tiene popularidad alta y la “casta” no puede decir que no. Es cierto que mucha gente ahora duda. Pero todavía hay un 51% que se muestra esperanzado de que pueda estabilizar la economía y su imagen positiva está en el 58%.

La encuesta también pregunta sobre las primeras medidas del Gobierno. El 44% está de acuerdo con las medidas de Caputo, 47% con la Ley Ómnibus y 48% con el contenido del DNU (aunque solo el 21% apoya que sea por decreto).

El Gobierno tiene unos días más de viento a favor… Quizás por eso, oficialismo y oposición encontraron un camino común para poder empezar a transitar sus diferencias en el tratamiento de la Ley Ómnibus (“ley bases”, como dicen las fuerzas del cielo).

El kirchnerismo/peronismo plantado como oposición cruda, pero transitando el debate pacíficamente más allá de alguna chicana. El resto de la oposición encontró el lugar para oponerse, pero abriendo una rendija para negociar. Milei dijo que no va a negociar nada, pero va a aceptar “mejoras”. Eufemismos.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio -clave para la aprobación de la ley- ya dijeron que están de acuerdo con casi todo, siempre y cuando no perjudique a sus provincias. Habrá que ver la letra chica de eso.

El Gobierno ya dio de baja esta semana la idea de que no se puedan reunir más de tres personas en un espacio público, aceptó cambios en los artículos que afectan a los biocombustibles y a la ley de pesca. También dijeron que ven inviable la reforma política y que podrían evitar la toga en el juicio por jurados para que salga el resto de la ley.

Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los asesores de más confianza de Milei (y redactor de la ley), aceptó que la delegación de facultades pueda ser solamente por un año. “Nos proponen que sea más corto y podría ser más corto”, dijo en la Comisión.

“Le dimos facultades a todos los gobiernos, no sería correcto no dárselo a él”, planteó una diputada muy opositora, integrante del ex bloque de Juntos por el Cambio. Solamente hay dos condiciones: el tiempo tiene que ser más limitado y las decisiones que se tomen con esas facultades no pueden ser “permanentes”; si el presidente quiere hacer cambios estructurales va a tener que mandar proyectos al Congreso. No todos en la oposición no peronista están de acuerdo con esto. La Coalición Cívica de Elisa Carrió promete que la delegación de facultades no lo va a votar. Pero deja abierta la puerta para aprobar otras cosas. Algo similar hizo Pichetto, que preside el bloque de 23 con intereses bien diversos. «Nosotros tenemos una actitud proactiva, pero tenemos estas condiciones”, planteó en una entrevista.

Así, el Gobierno encontraría ese atajo para sacar su ley: conseguir una mayoría mínima para aprobar la “ley bases” en general, y conseguir apoyos particulares en temas puntuales para sacar casi todo.

Con esa estrategia, volaría de la redacción del proyecto todo lo anecdótico y se quedarían con lo importante. No más togas, ni reforma electoral, se corrigen los artículos mal escritos, chau a la reventa de entradas deportivas y otros delirios cósmicos.

Quedaría ver qué pasa con la reforma jubilatoria y la privatización de empresas públicas. En este esquema no podría haber cheque en blanco para nada de nada.

El pre-acuerdo todavía es absolutamente frágil. Tan frágil que la oposición incluso desconfía de los interlocutores con los que negocia. Pero por lo menos aparece un primer carril de diálogo. “Si nosotros íbamos ley por ley, y no metíamos la primera, después se nos iba a complicar e íbamos a tener que negociar todo. Eso es lo que se buscaba evitar”, explican desde La Libertad Avanza. “Al plantearlo como paquete, aún con errores, estamos cumpliendo con nuestra base de votantes porque es lo que prometimos en campaña”, dice el dirigente, de acceso cotidiano al despacho presidencial.

La estrategia se fue construyendo erráticamente. “Así como lo armamos, la oposición nos puede decir uno o dos artículos que están mal y nosotros podemos decir dos o tres artículos que están bien y llegar a la aprobación. Y si lo rechazan de plano, la culpa no va a ser de Javier que mandó la reforma del Estado sino de la política, la casta, el Congreso, de los tiempos, bla bla bla. En este contexto, la estrategia de mandar todo junto estuvo bien”, defiende el dirigente. Habría una consonancia entre el relato, la real politik y los tiempos de la gestión.

El politólogo Pablo Salinas analizó lo que se necesita en esta instancia para tener dictamen de comisión. Son tres comisiones que en total tienen 115 firmas (en algunos casos algún legislador tiene más de una firma porque integra varias comisiones).

46 Unión por la Patria 20 La Libertad Avanza y aliados 17 PRO 16 UCR 9 Hacemos Coalición Federal (el de Pichetto) 6 partidos provinciales 1 izquierda Para tener dictamen de mayoría se necesitan 58 firmas. LLA y el PRO suman 37.

Según el análisis hecho por A24.com, hay 15 firmas de diputados no oficialistas que responden a gobernadores provinciales. No están tan lejos. Igual hay que seguir negociando (o aceptando sugerencias, como dice Milei) y la palabra final va a estar en el recinto.»