El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: estos son los primeros tramos incluidos

A través del Decreto 28/2025, firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se oficializó el plan para transferir la gestión de más de 9.000 kilómetros de infraestructura vial al sector privado.

Primeros tramos privatizados: el Corredor Vial 18

La privatización comenzará con el Corredor Vial 18, que abarca rutas estratégicas del Litoral argentino. Los segmentos incluidos en esta primera etapa son:

• Ruta 12: desde Zárate a Ceibas y de Ceibas a Gualeguay.
• Ruta 14: de Ceibas a Paso de los Libres.
• Ruta 135: de Colón a General Artigas.
• Ruta A-015: de Concordia a la Represa Salto Grande.
• Ruta 117: de Paso de los Libres a Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional con Brasil.
• Ruta 174: de Rosario a Victoria.

El Corredor Vial 18 es considerado clave para el comercio regional al formar parte de la Ruta del Mercosur, conectando Argentina con Brasil, Paraguay y Uruguay, e integrando también la conexión terrestre con la Represa Binacional Salto Grande.

Objetivos y justificación del proyecto

El decreto destaca que la privatización busca reducir el gasto público y delegar en el sector privado tareas como construcción, explotación, reparación, conservación y mantenimiento de las rutas nacionales. Además, se busca garantizar:

• Mejoras en infraestructura y seguridad.
• Servicios de asistencia a los usuarios.
• Conservación y mantenimiento sostenibles de las rutas.

El Ministerio de Economía será el encargado de supervisar y modificar, si es necesario, la composición de los tramos de la Red Vial Nacional implicados en el proyecto.

Reacciones y contexto

La medida genera debate en el sector vial y entre usuarios, dada la importancia estratégica de estas rutas para el transporte de carga y pasajeros. Mientras algunos valoran la posibilidad de mejorar el estado de las vías y reducir costos estatales, otros critican el impacto de los peajes en la economía de quienes utilizan estas rutas.

El Gobierno insiste en que el esquema de concesión garantizará estándares más altos de calidad en los servicios ofrecidos, marcando un punto de inflexión en la gestión de infraestructura vial en el país.