El Gobierno Nacional anunció la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reemplazándola por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo reducirá significativamente el personal, lo que podría generar miles de despidos. La medida busca optimizar la recaudación y erradicar circuitos de corrupción, aunque ha generado controversias por las acusaciones que pesan sobre uno de los nuevos directivos.
El gobierno disolvió la AFIP y crea la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
En un giro inesperado, la Oficina del Presidente de la Nación informó la disolución de la AFIP, el organismo encargado de la recaudación fiscal y la detección de delitos económicos en Argentina. La nueva entidad, ARCA, tendrá un 34% menos de empleados que la estructura actual, y con ello, el despido de 3.155 trabajadores, justificando estos recortes como «irregulares» y vinculados a gestiones anteriores.
El comunicado oficial sostiene que ARCA busca «reducir el Estado, eliminar cargos innecesarios y mejorar la eficiencia en la recaudación», a la vez que se pretende erradicar prácticas corruptas. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación, no solo por el impacto en el empleo, sino por los cuestionamientos sobre las designaciones clave en la nueva agencia.
Nombramientos polémicos
Andrés Gerardo Vázquez, quien ahora estará a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI), ha sido señalado en investigaciones judiciales por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero. Vázquez, ex funcionario de AFIP, fue vinculado a cuentas no declaradas en el extranjero y acusado de participar en operaciones «back to back» para ocultar activos y evadir impuestos.
Estas imputaciones, que datan de la década pasada, incluyeron la investigación de cuentas en bancos del Caribe y Europa, como el ING Bank de Curazao y el BNP Paribas de Luxemburgo, donde figuraban más de 460 mil dólares en activos no declarados. Aunque estos antecedentes generan inquietud sobre su designación, el gobierno no ha emitido comentarios al respecto.
Impacto y repercusiones
El recorte del 34% de la estructura de AFIP implica no solo una pérdida significativa de puestos de trabajo, sino también una potencial merma en las capacidades del Estado para combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros. La reducción incluye el despido de empleados considerados «irregulares», pero sin una clara explicación sobre los criterios para estas desvinculaciones.
Mientras tanto, la comunidad económica y jurídica observa con preocupación la incorporación de funcionarios como Vázquez, sobre quienes pesan graves denuncias, lo que pone en duda el éxito de la promesa de «profesionalizar» el organismo.
La disolución de la AFIP y la creación de ARCA marca un momento de incertidumbre en el panorama fiscal argentino, con un fuerte impacto en el sector público y cuestionamientos que podrían profundizar la desconfianza en las instituciones encargadas del control económico.
Seguir Leyendo:
LO MÁS DESTACADO
