El gobierno llevará a cabo una revisión exhaustiva de los programas Potenciar Trabajo con el objetivo de identificar posibles irregularidades.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno Nacional «comienza la auditoría de todos los programas Potenciar Trabajo, que superan el millón, con el fin de identificar posibles irregularidades o asignaciones de planes que carezcan de una justificación adecuada».

En su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó el inicio de una auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo, que superan el millón, con el propósito de detectar posibles irregularidades o asignaciones sin justificación adecuada. Adorni mencionó investigaciones judiciales, como la encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, que sugieren la existencia de alrededor de 160 mil casos con diversas irregularidades.

El vocero destacó la labor del fiscal, quien identificó a 8 mil personas que, además de recibir el plan, mantenían vínculos laborales con ministerios o dependencias estatales. Además, señaló a 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima debido a consumos inconsistentes con los requisitos. Adorni subrayó que estos 160 mil planes representan una suma de 10 mil millones de pesos que los argentinos no deberían asumir.

En cuanto a la actualización de montos para beneficiarios, Adorni informó que los mismos están congelados, con un enfoque especial en los más vulnerables. Recordó también los aumentos en la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, pero reconoció la administración de recursos limitados ante necesidades infinitas.

La investigación de Marijuan se centra en posibles delitos de «violación de deberes» de funcionarios públicos por falta de control y «defraudación», ya habiéndose identificado 8,535 casos. La fiscalía busca suspender o resolver la baja del beneficio en los casos detectados y ha informado a las fiscalías federales correspondientes. Marijuan presentó una denuncia penal en el juzgado federal de María Servini contra quienes podrían ser responsables de supervisar la asignación de planes sociales, especialmente después de detectar que casi 160,000 beneficiarios de «Potenciar Trabajo» realizaron múltiples viajes al extranjero. El fiscal solicita investigar presuntas conductas ilícitas de funcionarios responsables del programa que podrían encuadrar en delitos de violación de los deberes de funcionario público.