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El Gobierno se comprometió con el FMI a fortalecer las medidas de ajuste y anticipó la implementación de un período de reformas para estabilizar la economía.

El equipo económico concluyó la fase técnica de la séptima revisión, la cual ahora deberá ser sometida al directorio para la liberación de US$4700 millones.

Política

Después de seis días de conversaciones entre los equipos técnicos, el Ministerio de Economía y el FMI lograron un acuerdo técnico para llevar a cabo la séptima revisión del acuerdo con Argentina. La noticia fue inicialmente anunciada por el Fondo a través de un comunicado, y posteriormente ratificada por Luis Caputo en una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.

Este entendimiento marca el primero durante la era Milei y, como ya había adelantado el propio Presidente y sus ministros, subraya la fuerte orientación fiscal del programa del Gobierno. Además, reafirma la idea de que, para mejorar las variables macroeconómicas, será necesario atravesar un período de crisis en primer lugar.

 

Caputo aclaró que este entendimiento, en realidad, no constituye un nuevo acuerdo, sino más bien una reactivación del acuerdo anterior. En otras palabras, se han ajustado las metas que anteriormente no se cumplieron, lo que permitirá desbloquear los fondos ya contemplados en el plan con el organismo.

Según la información proporcionada oficialmente por Economía y el FMI, este acuerdo facilitaría un desembolso de US$4700 millones. «No se trata de nuevos fondos, sino de la financiación necesaria para cubrir los vencimientos de capital que ocurrieron en diciembre, para los cuales tuvimos que solicitar fondos a la CAF, así como los vencimientos de enero y los próximos en abril. Estos tres vencimientos suman aproximadamente esa cantidad», explicó el ministro de Economía.

Para llegar a este entendimiento, el Gobierno se comprometió a alcanzar este año un superávit primario del 2% del PBI, que se lograría «mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos». El FMI expresó que se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola.

El organismo multilateral de crédito detalló que la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales, así como en gastos en infraestructura de menor prioridad. También se especificó que la meta de acumulación de reservas estipula sumar US$10.000 millones durante todo este año.

El FMI sostuvo: «El plan se centra en el establecimiento de un ancla fiscal fuerte y creíble, junto con acciones para reconstruir las reservas, corregir desajustes de precios relativos, fortalecer el balance del banco central y crear una economía más simple, basada en reglas y orientada al mercado».

En este contexto, Caputo subrayó la significativa dependencia del plan económico de la aprobación de la Ley Ómnibus, ejerciendo presión sobre el Congreso. «Si la Ley no es aprobada, sería una noticia muy negativa. Esto no implica que regresaríamos a la meta de déficit del 0.9% que tenía la administración anterior. Las medidas serían más rigurosas», indicó.

Por otro lado, el FMI anticipó que alcanzar la estabilidad macroeconómica requerirá un periodo de crisis, describiendo el camino hacia la estabilidad como desafiante y advirtiendo que las condiciones empeorarán antes de mejorar. En las etapas iniciales, la eliminación de los controles de precios heredados y la corrección del desajuste cambiario tendrán un impacto inflacionario y profundizarán la contracción de la actividad económica que ya está en marcha.

Es importante tener en cuenta que el desembolso de los US$4700 millones no será inmediato, ya que primero debe ser evaluado y aprobado por el directorio del Fondo, cuya fecha de reunión aún no está programada.

La urgencia por parte del Gobierno se evidencia en los compromisos financieros a fin de este mes, con pagos por U$S1950 millones, y en febrero, con pagos adicionales por U$S850 millones. El FMI concluyó expresando que el desembolso propuesto tiene como objetivo respaldar los esfuerzos políticos significativos de las nuevas autoridades para restaurar la estabilidad macroeconómica y ayudar a Argentina a satisfacer sus necesidades de balanza de pagos.

 

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