Justicia: El Gobierno busca acelerar en el segundo semestre sus reformas judiciales

Estas prioridades incluyen el nombramiento de jueces de la Corte Suprema, la implementación del sistema procesal acusatorio, la aprobación del proyecto de ley de baja de la edad de imputabilidad, y la reducción de la burocracia en el Ministerio de Justicia.

1. Nombramiento de los Jueces de la Corte Suprema

El gobierno de Javier Milei está enfocado en consolidar la designación de los jueces de la Corte Suprema, un paso crucial que también probablemente incluirá el nombramiento del nuevo procurador general de la Nación. Si la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla continúa demorándose, la Corte Suprema podría enfrentar una situación crítica, bordeando la paralización. Actualmente, la Corte tiene cuatro jueces debido a la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco en 2021. Con el anuncio de que no se pedirá la reválida del mandato de Juan Carlos Maqueda a fin de año, la cantidad de jueces titulares se reducirá a tres, complicando aún más la ya lenta circulación de expedientes.

2. Implementación del Sistema Procesal Acusatorio

El gobierno apuesta por la implementación del sistema procesal acusatorio en la mayor cantidad de jurisdicciones posibles. Este sistema, en el que los fiscales investigan los delitos penales y los jueces controlan la legalidad del proceso, ya se aplica parcialmente en Buenos Aires y con el apoyo de la Corte en Rosario. Sin embargo, la transición es lenta en el resto del país, enfrentando resistencia de jueces que no quieren ceder su control del proceso.

3. Aprobación del Proyecto de Ley de Baja de la Edad de Imputabilidad

El gobierno considera que ha ganado el debate social sobre la baja de la edad de imputabilidad a 13 años. Las encuestas y los focus groups indican que la frase “delito de grande, pena de grande” ha calado en la sociedad. Sin embargo, aún no está claro cuándo se debatirá el tema en el Congreso.

4. Reducción de la Burocracia en el Ministerio de Justicia

La administración de Milei está enfocada en reducir la burocracia en el Ministerio de Justicia y su periferia como parte de su política de recortes de gasto estatal. Hasta ahora, esto ha resultado en cientos de cesantías y contratos no renovados. Aunque la medida ha sido criticada por sectores que denuncian el desmantelamiento de programas importantes, como los de acompañamiento en casos de femicidios y trata de personas, el gobierno sigue decidido a avanzar con estas reducciones, presentándolas como una limpieza de corrupción atribuida al kirchnerismo.

Situación Actual y Perspectivas

El gobierno enfrenta varios desafíos para concretar estas reformas, que requerirán una considerable gestión y apoyo político. Aunque la oposición, incluido el kirchnerismo, ha mostrado cierta apertura para avanzar con las propuestas de nombramientos para la Corte Suprema, la designación de un nuevo procurador sigue siendo un tema de fuerte debate.

Implicaciones del Sistema Acusatorio

El sistema acusatorio está tomando forma, especialmente en áreas afectadas por el narcotráfico como Rosario, pero necesita mayor impulso en otras regiones del país. La resistencia de los jueces, que prefieren mantener su control sobre los procesos, es uno de los principales obstáculos.

Reducción de la Burocracia y Sus Consecuencias

El mayor logro del gobierno en el área de Justicia hasta ahora ha sido la reducción de la burocracia, aunque esta medida ha generado críticas y preocupaciones sobre el desmantelamiento de programas esenciales. A pesar de esto, el gobierno mantiene su postura, argumentando que estos recortes eliminan la corrupción y el despilfarro.

Conclusión

El segundo semestre del primer año de mandato de Javier Milei será crucial para avanzar en sus reformas judiciales. La designación de jueces de la Corte Suprema, la implementación del sistema acusatorio, la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad y la reducción de la burocracia serán los principales focos de su política judicial. El éxito de estas iniciativas dependerá en gran medida del apoyo político y de la capacidad del gobierno para gestionar las resistencias y desafíos que se presenten.