La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento de 47 intendentes y exintendentes, 11 de ellos bonaerenses, acusados de fraude contra la administración en una causa que investiga el manejo de casi $ 600 millones de un programa de gestión de residuos.
El tribunal confirmó el fallo de primera instancia dictado por el juez federal Claudio Bonadio, aunque dispuso la falta de mérito de otros 42 jefes comunales y el sobreseimiento de dos. A los intendentes procesados se los acusa de ser partícipes necesarios de un supuesto «fraude en contra de la administración pública» por el manejo irregular de fondos del programa de Gestión Integral de Residuos Urbanos (Girsu).
Entre los procesados se encuentran los intendentes bonaerenses Francisco «Paco» Durañona (San Antonio de Areco), Gustavo Walker (Pila), Héctor Aníbal Olivera (Tordillo) y Ricardo Casi (Colón). También aparecen implicados los exintendentes Francisco «Barba» Gutiérrez (Quilmes), Carlos Racciatti (Lezama), Ricardo Curetti (Patagones), Marta Medici (Alberti), Francisco Iribarren (Florentino Ameghino), Jorge Eijo (General Belgrano) y Diana Argüello (Lobería).
Según la investigación, los fondos del programa Grisu se usaron para «disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo de las políticas ambientales estatales». Para Bonadio, los procesados «no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Girsu al que se habían obligado». Además, el juez calculó que la maniobra alcanzaría los $ 600 millones.
En la causa están procesados también los exjefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.
En la confirmación de los procesamientos, los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi sostuvieron que «funcionarios federales, en infracción de los deberes a su cargo, habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos».
En la investigación original, Bonadio apuntó contra 91 jefes comunales, pero la Cámara solo confirmó el procesamiento de 47 y desvinculó a otros 44, de quienes sostuvo que no hay elementos contundentes para continuar investigándolos.
