La Justicia suspendió el cierre de Vialidad Nacional y frena el plan de Milei

Un nuevo revés judicial para el presidente Javier Milei: la Justicia frenó la disolución de Vialidad Nacional, medida clave dentro del paquete de reestructuración del Estado impulsado por el Gobierno. La jueza Martina Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, dictó una medida cautelar que suspende por seis meses el Decreto 461, el cual establecía la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad.

La resolución responde a un pedido del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central (SEVINA), que alertó sobre el riesgo para la estabilidad laboral de cientos de trabajadores. En consecuencia, el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de aplicar cualquier disposición derivada del decreto y no podrá realizar traslados, despidos ni modificaciones contractuales durante el plazo estipulado.

En su fallo, Forns argumentó que la iniciativa oficial pone en juego derechos laborales adquiridos y vulnera normas de rango constitucional como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Resaltó que el organismo disuelto es una entidad autárquica con personalidad jurídica propia, y que sus empleados están amparados por la Ley de Contrato de Trabajo y convenciones colectivas vigentes.

La jueza también advirtió sobre el posible impacto alimentario y económico que tendrían los despidos masivos o reubicaciones arbitrarias. “Se trata de una decisión que podría ocasionar perjuicios irreparables y que, en esta etapa preliminar, justifica el dictado de una medida de no innovar para preservar el statu quo”, concluyó.

Este freno judicial llega en un contexto de fuerte avance del Gobierno en su plan de desregulación estatal. El cierre de Vialidad había sido anunciado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 7 de julio, como parte de un proceso de eliminación de organismos que, según sus palabras, «solo sirvieron para fomentar la corrupción«. La intención oficial era transferir funciones, fondos y personal al Ministerio de Economía, bajo la órbita de las Secretarías de Transporte y de Obras Públicas.

Sin embargo, la medida judicial ahora pone en pausa ese traspaso, dejando en suspenso la reorganización del sistema troncal de caminos nacionales.

Qué puede pasar ahora
El Ejecutivo tiene la opción de apelar el fallo ante la Cámara Federal de San Martín, que deberá decidir si confirma o revoca la cautelar. Hasta que eso ocurra, el decreto queda sin efecto, y los trabajadores de Vialidad mantienen sus puestos y condiciones actuales.

Este conflicto se suma a otros frentes judiciales que enfrenta el oficialismo por sus decretos de necesidad y urgencia y reformas estructurales, en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno, los sindicatos y el Poder Judicial.