Un mes después del cierre de listas, la relación entre el PRO y un sector del radicalismo volvió a tensarse a raíz de la exclusión de una decena de listas locales que buscaban competir contra los candidatos oficiales de Cambiemos, y el reclamo ya llegó a la Suprema Corte bonaerense.
Se trata de unas 15 listas que fueron impugnadas por la junta electoral partidaria, o se les otorgó la “boleta corta” (sin posibilidad de llevar a los candidatos seccionales y nacionales) por competir sin la anuencia oficial.
En ese marco, los representantes de nueve listas bonaerenses elevaron dos medidas cautelares al máximo tribunal bonaerense, pidiendo que se las habilite transitoriamente a competir, hasta tanto la Justicia Electoral resuelve su suerte. Entienden que, como esa decisión se demora, corren el riesgo de quedar afuera de la contienda.
Los casos judicializados son los de Moreno, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Ezeiza, Villarino, La Matanza, Quilmes, Bragado y Azul. A todos la Junta Electoral los había habilitado a competir en una primera instancia, pero la junta partidaria apeló la medida y ese mismo organismo le dio la razón.
La apoderada de las listas, Celina Sburlatti, quien lleva a cabo el reclamo judicial, denunció que la junta partidaria apeló a un “tecnicismo”, ya que objetó que las candidaturas se presentaron en la dirección equivocada. Además, buscó impugnar la apelación del máximo órgano partidario, por entender que el radicalismo (una de las tres fuerzas que componen el cuerpo de apoderados) no convalidó la queja.
Sburlatti señaló en diálogo con DIB que “no hay una explicación clara por parte del Comité”, y sostuvo que la única razón es que “el PRO no quiere que compitamos contra sus intendentes en internas”.
En este escenario, desde el Comité de Azul acusaron al PRO de “abalanzarse sobre todos los cargos públicos disponibles”, y aseguraron que “hicieron innumerables zancadillas y sometieron al manoseo de nombres a respetables ciudadanos, integrantes de nuestra fuerza política, en el afán desmedido de caja política por un lado y cerrarle las puertas y ventanas de ciertas dependencias públicas, con la intención de someternos y propiciar la asfixia del radicalismo”. En ese distrito se da una situación particular: los miembros de la UCR eran, hasta el año pasado, parte de la oposición del intendente Hernán Bertellys, pero el “pase” de éste a Cambiemos reconfiguró todo el escenario.
Listas cortas
En otros casos, la junta partidaria permitió la participación de “díscolos”, pero no les habilitó la adhesión al resto de las categorías. La jugada, que se da en distritos como Ensenada, Presidente Perón, Malvinas Argentinas y General Alvarado, impide a los candidatos beneficiarse del “arrastre” que supone compartir la papeleta con los postulantes nacionales. En San Nicolás, la medida se aplicó sobre una candidata de la Coalición Cívica, Alicia Delaude, quien ante el hecho optó por bajar la lista.
Frente a las quejas, el sector que conduce el vicegobernador Daniel Salvador sostuvo que “hubo una decisión política de darle el armado a los intendentes, y donde no los hubiera a los comité locales”. En ese marco, resaltaron que “todos estuvieron de acuerdo con eso”, y aseguraron que las listas desplazadas “no tienen el respaldo del Comité y son mayoritariamente opositores a la conformación de Cambiemos como tal”.
Desde el alfonsinismo, el senador Carlos Fernández se mostró sorprendido porque “era previsible en estos casos que habilitaran una boleta corta, pero no que no los dejaran participar”. Además, sostuvo que “la lista larga o corta está dentro del margen de decisión política, pero no la falta de participación”.
El propio Ricardo Alfonsín expresó días atrás que a los postulantes “se les está negando, con consentimiento del partido, el derecho a participar en las internas, el derecho a ser elegidos como candidatos en un partido político”. Y sostuvo que se trata de “una exigencia del PRO”.
