El ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, informó este lunes que el gobernador Axel Kicillof firmó un decreto para crear una mesa de diálogo que atienda de manera urgente la superpoblación en los centros penitenciarios bonaerenses, «la más alta de toda la historia», según sostuvo.
El decreto instrumenta una resolución de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y crea una mesa de diálogo con representantes de los tres poderes y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para analizar de manera institucional los reclamos que vienen efectuando los internos.
«Hay una inmensa sobrepoblación en las cárceles, la más alta de toda la historia del Servicio Penitenciario Bonaerense. Al día de hoy tenemos 49.400 internos con 24.000 plazas disponibles, es decir que hay 20.000 internos que viven en condiciones que hay que mejorar», afirmó Alak en declaraciones a la prensa, tras prestar juramento a su cargo ante el gobernador bonaerense.
El nuevo ministro de Justicia bonaerense explicó la conformación de una «mesa de diálogo» es un pedido de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en una acordada dada a conocer en las últimas horas, con el objeto de resolver la situación carcelaria que en las últimas semanas derivó en una huelga de hambre de casi 10.000 presos ante las malas condiciones de alojamiento y la falta de alimentación adecuada.
«Queremos que se advierta que hay una posición firme de este gobierno de asumir este desafío grave y pensar medidas que tiendan a su solución», dijo el flamante funcionario.
«El sistema democrático no ha podido resolver la situación carcelaria, es una deuda de la democracia, merece una reforma profunda, que llevará tiempo pero en lo inmediato, una vez notificado el gobernador de esta convocatoria a una mesa de diálogo, la misma se conformará con representantes de los tres poderes, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia, queremos que esté la Iglesia», precisó el flamante ministro.
Alak consideró que la situación carcelaria implicará la adopción de «una política criminal adaptada a los tratados internacionales, a los fallos de la Corte Nacional de Justicia y al fallo Verbitsky».
Sobre cómo está el panorama en las cárceles bonaerenses, Alak dijo que «lo hemos recibido es una herencia tremenda en cuanto a sobrepoblacion penitenciaria».
Y añadió: «Las unidades penitenciarias bonaerenses tienen una capacidad hoy disponible para alojamiento de internas e internos cerca de las 23.000 personas y hay 49 mil internas e internos. Tenemos la sobrepoblación penitenciaria de la Argentina. Está aproximadamente en el 110% de la población penitenciaria. La tasa de criminalidad, de acuerdo a la política criminal que estableció el último Ministerio de Seguridad, alcanzó a 309 cada 100 mil y es también la más alta de la Argentina».
En ese sentido, dijo que «la Provincia de Buenos Aires es la única sancionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su sistema penitenciario y carcelario. Realmente la situación es muy grave y se ha agudizado en los últimos meses producto de la falta de alimentos suficientes para los internos, problema que viene ya desde hace 150 días y también por la falta de medicamentos».
Asimismo, dijo que todo esto pone a los centros de detención bonaerense en un estado, como lo calificó la casación penal de la provincia de Buenos Aires en un fallo ejerciendo facultades que le había conferido la Corte hace dos meses, calificando la situación en la que viven los internos como de «crisis humanitaria» cuando advirtió la sobrepoblación que hoy tenemos. «Es una calificación de máxima preocupación que deviene de los tratados internacionales que Argentina ha asumido», resumió.
El ministro de Justicia también expresó que la infraestructura penitenciaria «está en una grave crisis, en muchos casos es obsoleta y en otros hay situaciones de riesgo» y agregó que «hacen faltan más espacios».
