El gobierno de Axel Kicillof oficializó hoy la Mesa Interinstitucional que busca abordar de manera «integral» las problemáticas vinculadas a las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, y trasladar internos a penales federales o de otras provincias.
La medida había sido anunciada ayer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y hoy fue confirmada a través del decreto 24-19 publicado en el Boletín Oficial bonaerense.
La normativa encomienda a Alak «la conformación, diseño, implementación y reglamentación» de la Mesa y determina que la integraran, de seguro, representantes de los tres poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial).
«El Ministerio de Justicia y Derechos humanos podrá convocar a participar de la Mesa de Diálogo a organizaciones de la sociedad civil, y toda otra persona u organización que estime corresponder», aclara el decreto.
De esta manera, el Gobierno buscará «promover la suscripción e implementación de los convenios necesarios para el alojamiento de los detenidos y detenidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en Unidades Penitenciarias Federales o de otras Provincias». Esta medida incluye a aquellos reclusos que no reciben visitas y a quienes el traslado puede «favorecer un mejor acercamiento familiar». En ambos casos, se aclara que es «siempre que se contare con la anuencia de los interesados».
En sus considerandos, la normativa advierte que 49.000 presos, la provincia tiene una tasa de prisionalización de 308 por cada 100.000 habitantes, siendo esta «exageradamente superior» a la nacional, que asciende a 209 por cada 100.000 habitantes.
El decreto advierte sobre la superpoblación carcelaria y recuerda los incendios ocurridos en una comisaría de Pergamino, en el año 2017, y en otra de Esteban Echeverría, en 2018, en donde fallecieron 7 y 10 personas, respectivamente.
Además, recuerda una presentación realizada en 2014 ante la Suprema Corte bonaerense en la que se denunciaba «el agravamiento del hacinamiento» en las cárceles, y advierte que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha subrayado que la capacidad de alojamiento en dependencias policiales no puede exceder de 1007 personas» y que en «en agosto de este año el número era de 3807 personas».
